LEY SINDE: La nueva ley permitirá cerrar webs sin ánimo de lucro

La Ley Sinde no nace de la voluntad del pueblo español, sino que es una imposición extranjera. La embajada de Estados Unidos ha presionado a nuestro gobierno para aprobarla, pisoteando nuestra soberanía nacional. Quieren una Internet sumisa y controlable, que sea útil para convencer a la población, como los restantes medios de comunicación controlados desde el poder. No quieren que la gente comparta información, no quieren que sepamos quién mueve realmente los hilos, no quieren que sepamos cómo se enriquecen empobreciendo al resto de la población. Quieren una red esclava desde la que vendernos su visión del mundo.

San Jorge escribió:Bueno, traigo buenas noticias.
La votacion de la ley sinde ha sido pospuesta, ya no sera el 18 Enero, ahora sera el 9 Febrero o incluso el 23.

Fuente: http://www.noalaleysinde.com/archives/136

NWO estara mosqueado.

San Jorge escribió:Bueno, ganan unos dias para preparla la propuesta de ley con mas consistencia, nosotros ganamos unos dias mas para preparar la contraofensiva.

Preparar manifestaciones para Febrero, repartir panfletos, pegar carteles, cadenas de emails, activismo informativo, mandar firmas, etc. Menos de un mes.
La sacaran si o si, pero intentemos tirar nosotros a la contra de NWO en la cuerda de la que ellos tiran hacia su objetivo.

La ‘guionista’ González-Sinde repartirá 600.000 euros para quince guiones que no tienen que acabar en película: en caso de empate se dará preferencia a las mujeres

El Ministerio de Cultura ya ha dado a conocer los requisitos de las subvenciones para guionistas, que se entregarán en 2011. Basta con entregar una veintena de páginas. Los guionistas elegidos recibirán 40.000 euros aunque finalmente no llegue a convertirse en película.

El importe total del fondo es de 600.000 euros, con el que se premiarán los quince guiones más originales con 40.000 euros a cada uno. La ayuda está enmarcada dentro de la Ley de Cine aprobada por el Gobierno en 2007.

Para optar a estas ayudas, deberá presentarse al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales un documento –con un mínimo 17 hojas y máximo 39 según las bases- en el que se explique el proyecto, con una memoria, la sinopsis y un tratamiento del guión. Es decir, explicar básicamente de qué va el largometraje.

Estos 40.000 euros están considerados como “recursos anticipados” en concepto de ayudas al desarrollo. Esto permitirá costear los castings, las gestiones para acceder a otras ayudas y subvenciones económicas, asesoramiento y búsqueda de localizaciones.

Las ayudas corren a cargo del Ministerio de Cultura, concretamente del denominado ‘Fondo de Protección a la Cinematografía’. La valoración de los proyectos tendrá en cuenta la viabilidad cinematográfica del proyecto, la originalidad y la calidad del guión y la historia profesional del guionista.

Un comité asesor elegirá los quince mejores proyectos sin seguir criterios de rentabilidad en taquilla. Se primarán, según Cultura, historias sobre “situaciones de gran impacto social”. Traducido esto último por fuentes del sector como “la violencia de género, la igualdad o incluso la Guerra Civil”.

En caso de empate entre varios candidatos, será fundamental el criterio de género. Es decir, los aspirantes a las ayudas tendrán preferencia en caso de ser mujer.

Justin Hughes. Asesor del presidente de EE UU en materia de propiedad intelectual. Obama, fan intelectual de González-Sinde - CINCO DÍAS

Cinco Días - Madrid - 20/01/2011

Por si quedaba alguna duda de por qué a Estados Unidos le interesa tanto la protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial, Justin Hughes, asesor en la materia del presidente Obama, recordó ayer que si todos los países "tuvieran la actual legislación española sobre propiedad intelectual, los grandes perjudicados serían las multinacionales estadounidenses".

El profesor Hughes, en una conferencia organizada ayer en Madrid por la Cámara de Comercio de EE UU en España (AmChamSpain), advirtió que la piratería no solo perjudica a las grandes compañías estadounidenses. También está provocando "más desempleo y pérdida de identidad cultural en España, cada vez hay menos artistas españoles en las listas internacionales de discos más vendidos", dijo. "No hay justificación para las descargas ilegales de contenidos de ocio en internet. Los argumentos de los internautas sic sobre derechos universales en este sentido son falsos, van en contra de los derechos de los creadores", advirtió.

Por esta razón, Hughes alabó ayer la actitud del Gobierno español al respecto y su intención de reformar la ley, una posición "más seria que en el pasado". "Estamos muy agradecidos a los esfuerzos de la ministra de Cultura Sinde en tratar de sacar adelante una ley que solucione el problema, somos conscientes de las batallas que se están produciendo para lograrlo". Pero añadió que "no hay duda de que España debe hacer más, y no tengo duda de que Estados Unidos hará más".

"Me da la impresión", comentó en un breve encuentro con periodistas mantenido tras su intervención en la conferencia, "que en España demasiada gente piensa que el derecho a la propiedad intelectual va contra su libertad individual, pero ese no es un argumento honesto. Los ciudadanos tienen derecho a participar en la actividad cultural de un país. Tampoco acepto eso que dicen los internautas de que la propiedad intelectual defiende en realidad los derechos de una compañía y no los del artista".

En cuanto a los cambios legislativos que también Estados Unidos está emprendiendo en propiedad intelectual, Justin Hughes reconoció que ahora mismo "no hay un plan exacto", aunque consideró que "las penas impuestas contra las descargas ilegales son ya suficientes".

Si a Estados Unidos le preocupa la defensa de los derechos de propiedad intelectual en España, ¿qué opina de esa misma defensa en China? Hughes hace una pausa y resopla. "Uff... China ha mejorado mucho su política en este campo desde que entrara en la Organización Mundial del Comercio, en el año 2000, pero los retos son enormes".

"Las compañías españolas de telecomunicaciones no están dispuestas a hablar con los responsables de propiedad intelectual, no se por qué", declaró ayer Justin Hughes en una breve conversación con medios de prensa. "Si se protegen los derechos de los consumidores protegemos la industria, pero las compañías en España no están colaborando, no tienen voluntad de colaboración como en otros países", dijo.

Al ser preguntado si podía especificar a qué tipo de empresas se refería, Hughes explicó que hablaba de todas las "compañías de telecomunicaciones, operadoras de telefonía móvil, proveedores de internet...". El profesor explicó que es necesario esa colaboración y que la misma llega finalmente por el funcionamiento del mercado. Por la experiencia vivida en otros países, comentó, "tanto los proveedores de internet como los propietarios de contenidos acaban teniendo intereses convergentes".

NORMATIVA ANTIDESCARGAS
Acuerdo entre el PSOE, el PP y CiU para resucitar la 'ley Sinde'
El Gobierno acepta que el juez intervenga desde el primer momento en el proceso para cerrar webs



El PSOE, el PP y CiU han alcanzado un acuerdo para resucitar en el Senado la llamada ley Sinde, destinada a frenar las descargas no autorizadas en internet. Tras una negociación casi secreta de varios días, el Ejecutivo ha aceptado, según fuentes de la negociación, que la autoridad judicial intervenga desde el primer momento, junto a una comisión administrativa dependiente del Ministerio de Cultura, en el proceso de cierre de webs que faciliten estos intercambios no autorizados. En el enfoque original, el juez solo intervenía al final del procedimiento.
Más información

La propuesta de modificación refleja que será necesario que Cultura tenga autorización judicial previa para empezar a pedir información de las presuntas webs piratas. "Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación", se puede leer en el texto.

La Comisión de la Propiedad Intelectual

El canon digital también ha formado parte de la negociación. No quedará eliminado, pero en el plazo de tres meses el Gobierno modificará la compensación por copia privada para adaptarlo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que falló que este gravamen se aplicaba de forma "indiscriminada", tanto a personas físicas como jurídicas.

La última gran novedad es que la Comisión de la Propiedad Intelectual, que originalmente iba a estar formada por miembros propuestos por el Ministerio de Cultura, finalmente estará compuesta por personas elegidas por los departamentos de Justicia, Economía y Cultura.

Código:

La Ley Sinde no es lo que parece, ahora es peor.
Y tenemos una vuelta más de Ley Sinde, esta vez ¿para introducir "más" garantías judiciales?... No, lo cierto es que ahora limita más derechos fundamentales, al derecho a la libertad de expresión, le podemos ya sumar la protección de datos personales. En consecuencia, si el resultado es que el Gobierno controlará contenidos en la red y que la piratería seguirá ahí... ¿Cuál es pues la verdadera razón de la Ley Sinde?

25-01-2011 - 1.- La Ley Sinde permite torear la valoración y la toma de decisiones judicial sobre qué contenidos son lícitos y cuáles no en Internet.

La decisión de la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes.

La ejecución de la resolución arbitral (sección primera) de la Comisión de Propiedad Intelectual (órgano administrativo con funciones de arbitraje) se despachará en un "procedimiento ejecutivo judicial", en un Juzgado, dónde el juez ordenará que se cumpla lo dispuesto por la Comisión de Propiedad Intelectual sin opción a valorar o decidir si el contenido que se elimina es o no lícito, sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, por la naturaleza propia del proceso judicial que se insta.

La Ley Sinde dice además que: La sección (segunda) podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.

Acordada la medida por la Comisión, solicitará del Juzgado competente la autorización para su ejecución, referida a la posible afectación a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución.

Por si a alguien le quedan dudas, además establece expresamente la ley Sinde:

La decisión (judicial) que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida, de nuevo, por motivos de forma, no de fondo, por ser esa la naturaleza de la "resolución de la sección segunda".

2.- La Ley Sinde obliga a identificar a prestadores de servicios vulnerando los arts. 53.1 y 81.1CE. No es Ley Orgánica, no puede limitar derechos fundamentales.

Ahora además han incluido un juez que ejerce de "mensajero" en las labores de identificación de los titulares de las páginas web que sean "susceptibles de causar un daño patrimonial" en materia de derechos de autor (valoración esta que, insisto, no hace un juez, sino un órgano administrativo), a requerimiento según parece de la primera o segunda sección.

El juez exigirá a la operadora de servicios de telecomunicaciones que identifique al titular de la web, simplemente limitándose a pedir esos datos porque la Ley dice que debe pedirlos, y simplemente se los darán, porque la Ley dice que existe la obligación de entregárselos, sin más. Tienen 24 horas para ello.

Tenemos por tanto una ley ordinaria imponiendo un nuevo supuesto de restricción a la protección de datos de carácter personal, que permite la cesión de datos personales sin consentimiento del afectado, sin posibilidad de que un juez decida si la medida es proporcionada al fin que se pretende, y sin estar ante una de las excepciones que permite el derecho comunitario.

La Ley Sinde habla de: "Identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, (...) podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial

Según la Sentencia del TJUE (2008) del caso Promusicae Vs Telefónica, "los Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a Directivas 2000/31, 2001/29, 2004/48 y 2002/58, procuren basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario, así como el principio de proporcionalidad (...)".

También explica que el art. 15. 1, de la Directiva 2002/58 establece que "los Estados miembros pueden adoptar medidas legales para limitar el alcance, en particular, de la obligación de garantizar la confidencialidad de los datos de tráfico cuando tal limitación constituya una medida necesaria, proporcionada y apropiada, en una sociedad democrática, para proteger la seguridad nacional -es decir, la seguridad del Estado-, la defensa y la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas a que se hace referencia en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 95/46".

Ese art. 15.1 de la Directiva 2002/58 ofrece así a los Estados miembros "la posibilidad de establecer excepciones a la obligación de principio de garantizar la confidencialidad de los datos personales que les incumbe en virtud del artículo 5 de la misma Directiva. Sin embargo, ninguna de estas excepciones parece referirse a situaciones que precisen la iniciación de un procedimiento civil. En efecto, tienen por objeto, por una parte, la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública, que constituyen actividades propias del Estado o de las autoridades estatales, ajenas a la esfera de actividades de los particulares (véase, en este sentido, la sentencia Lindqvist, antes citada, apartado 43) y, por otra parte, la persecución de infracciones penales".

Por otra parte, la Sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional, señala sobre los límites a los derechos fundamentales, que han de ser previstos por una Ley Orgánica, porque de lo contrario, esa "Ley habrá infringido el derecho fundamental porque no ha cumplido con el mandato contenido en la reserva de ley (arts. 53.1 y 81.1 CE), al haber renunciado a regular la materia que se le ha reservado, remitiendo ese cometido a otro Poder Público, frustrando así una de las garantías capitales de los derechos fundamentales en el Estado democrático y social de Derecho (art. 1.1 CE). En concreto, el art. 81.1 CE dice que "son Leyes Orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (...)".

La STC 292/2000, dice también que justamente, "si la Ley es la única habilitada por la Constitución para fijar los límites a los derechos fundamentales y, en el caso presente, al derecho fundamental a la protección de datos, y esos límites no pueden ser distintos a los constitucionalmente previstos, que para el caso no son otros que los derivados de la coexistencia de este derecho fundamental con otros derechos y bienes jurídicos de rango constitucional, el apoderamiento legal que permita a un Poder Público recoger, almacenar, tratar, usar y, en su caso, ceder datos personales, sólo está justificado si responde a la protección de otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos", todo ello, en función del principio de proporcionalidad y del rango de los derechos en conflicto.


3.- La Ley Sinde prevé modificar la legislación actual para recaudar el canon digital como exige el TJCE... ¿para qué? si ya dicen lo mismo?.

"El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada".

La Ley de Propiedad Intelectual dice lo mismo que el TJCE, los únicos que han dicho lo contrario han sido las asociaciones gestoras de derechos de autor y el Gobierno. Han hecho una interpretación interesada, contraria al derecho comunitario, con el único fin de favorecer el enriquecimiento injusto de un lobby.

Lo que hace falta es que impidan a determinadas asociaciones privadas hacer lo que les viene en gana con las leyes, con los derechos de los ciudadanos y con los presupuestos públicos. Lo que hace falta es que se exijan responsabilidades sin esperar a que venga Europa a decirnos que se han hecho mal las cosas. Lo que vendría muy bien es que quien denuncie bajo el amparo de la Ley Sinde tenga la obligación de depositar una fianza por si el inicial "presuntamente" resulta ser un "inocentemente" lesionado en su derecho a la libertad de expresión.


4.- ¿A quién afectan las medidas de la Ley Sinde?

A cualquier responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora de los derechos de propiedad intelectual

Según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la sociedad de la información, es "Responsable del servicio de la sociedad de la información, o prestador de servicios", aquella persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información.

Y son "Servicios de la sociedad de la información": todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario. El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.

Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que representen una actividad económica, los siguientes:

- La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
- La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.
- La gestión de compras en la red por grupos de personas.
- El envío de comunicaciones comerciales.
- El suministro de información por vía telemática.

¿A quién no afectan las medidas de la Ley Sinde? No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información los que no reúnan las características señaladas en el primer párrafo de este apartado y, en particular, los siguientes:

- Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.
- El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan.
- Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la carta), contemplados en el artículo 3.a) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, o cualquier otra que la sustituya.
- Los servicios de radiodifusión sonora, y
- El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.

Ofelia Tejerina
Defensor del Internautas
Asociación de Internautas

Telefónica está planteando cobrar el ADSL según las descargas de cada usuario

Telefónica tiene claro que no es lo mismo un usuario que realiza un uso intensivo de la red —con descargas, vídeos o llamadas— que otro que la usa para navegar o mirar el correo. La diferencia estriba en el tráfico de datos que genera cada consumidor aunque ambos pagan la misma cuota mensual.

Este modelo, que define las actuales ofertas de ADSL, está provocando un «grave desacoplamiento» entre el crecimiento del tráfico y los costes operativos que tienen que afrontar las «telecos», que podrían llevar las redes al límite e incluso provocar su colapso si no se buscan soluciones antes. Y es que el modelo actual no será sostenible porque «los costes del aumento del tráfico superaran los ingresos».


La primera de estas exigencias es el despliegue de una nueva red que requerirá ingentes inversiones. El nuevo modelo, con tarifas diferenciadas en función del uso, también podría llevar a las operadoras, opina Linares, a compartir redes, antenas o a evolucionar los acuerdos de «rooming» —interconexión de redes—. Una cooperación que hace años parecería imposible vista la feroz competencia entre las compañías.


Los 850.000 nuevos usuarios al día que registran las redes sociales, los 50 millones de actualizaciones de blogs que se realizan por segundo y las 500 nuevas aplicaciones que aparecen diariamente en el mercado dan idea del volumen de tráfico que deben gestionar las operadoras. Y no solo al tráfico generado por los hogares con conexión fija, también deben atender la demanda de los «smartphone» o tabletas como el iPad con una conexión móvil.

http://www.pymersa.com/noticia/154/TelefonicaestaplanteandocobrarelADSLsegunlasdescargasdecadausuario.html

La SGAE aboga por cobrar un canon a los operadores de ADSL

El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Eduardo "Teddy" Bautista, ha respondido en un encuentro digital organizado por la propia gestora de derechos de autor en el que ha reclamado la creación de un canon a los operadores de Internet "ya que hacen caja con las comunicaciones y a costa de los autores".

El canon a los operadores de banda ancha vuelve a plantearse desde la entidad de gestión de derechos de autor. El varapalo sufrido con la sentencia del Tribunal Superior de la Unión Europea que califica al actual modelo de ilegal por indiscriminado en su aplicación a empresas e instituciones ha hecho que la SGAE insista en la necesidad de trasladarlo a las conexiones ADSL de los usuarios, lo que podría repercutir en los precios finales de las mismas.

"Quizá sea necesario una solución de este tipo en el esquema de futuro para internet, si no es posible canalizar su uso a plataformas licenciadas (bajo pago). Lo que es claro es que, entre tanto, sería una compensación necesaria para los creadores. Trabajaremos en ello", confirmó Bautista en la charla. Cabe recordar que la gestora es una de las partes que ya se ha reunido con el Gobierno -junto con la patronal del sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación- para tratar la reforma de esta tasa, por lo que este plan vuelve a estar sobre la mesa del Ejecutivo.

El canario también se mostró partidario de no reducir el actual canon aplicado a soportes digitales. "La parte del derecho de autor en el precio final de los discos es ínfima. Fíjate de 0,99 centimos de euro que Itunes cobra por una descarga lícita, los derechos del autor son 0,07 centimos. Es autoexplicativo", respondió a un internauta.

"Hemos sacado la cara por los autores"

Por otro lado, Bautista ha defendido la posición de la SGAE como abanderada en la lucha a favor del canon. "Hemos pagado un precio caro por sacar la cara por los demás", aseguró el presidente. "Llevamos años explicando el daño irreparable que un mercado sin normas podía causar a la cultura en general, se nos ha acusado de alarmistas y se nos ha atacado desde los medios, solo por decir la verdad y alertar sobre los peligros inminentes", declaró. Asimismo se mostró optimista ya que "ahora parece que la gente, el gobierno, los partidos políticos y la media se percatan de que estamos al borde de un desplome de las industrias culturales y además hemos pagado un precio caro por sacar la cara por los demás".

Igualmente, Bautista utilizó el victimismo nuevamente como arma para justificar sus exigencias. "Si lo que le ha pasado a la industria discográfica le ocurriera a cualquier otro sector, agropecuario, industrial, educativo, sanitario o político, se habría montado una campaña estatal y movilizaciones de sindicatos y otros colectivos. En este caso, el marrón nos lo estamos comiendo solos y francamente, no veo que desde la Administración un signo de sensibilidad hacia este daño irreparable", sentenció.
http://www.adslzone.net/article5305-la-sgae-aboga-por-cobrar-un-canon-a-los-operadores-de-adsl.html

Telefónica pretende cobrar a las grandes empresas de Internet

El presidente de Telefónica, Cesar Alierta, ha realizado unas declaraciones en una rueda de prensa en Bilbao, en las que ha asegurado que pretende cambiar el sistema de Internet. De este modo Alierta quiere cobrar a las compañías que ganan dinero en la Red, porque según él lo hacen gracias a sus infraestructuras. O lo que es lo mismo, Telefónica tiene la intención de traspasar la línea como proveedora de autopistas de la información para intervenir en qué se transmite por ellas, cobrando a los que ganen dinero por el uso de sus redes.

Se pudieron escuchar estas palabras por parte del presidente de la empresa de telecomunicaciones, que de materializarse serían realmente trascendentes. “Los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagarnos nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros. Pero eso no va a poder seguir, es evidente, las redes las ponemos nosotros, el peering lo hacemos nosotros, los sistemas los hacemos nosotros, el customer care lo hacemos nosotros, el servicio post-venta lo hacemos nosotros, el servicio de instalación lo hacemos nosotros, lo hacemos todo… ¿Cuál es la estrategia de telefónica?… Eso va a cambiar…”.

Alierta también se refirió al famoso cloud computing como “la oportunidad y la prueba de que las operadoras cobran también por la distribución de esas herramientas, y decimos también porque ya paga cada cliente por el acceso a esos productos”. De hecho según el presidente de la compañía, “la inteligencia está en la red, y las redes son nuestras… “.

Estas declaraciones han provocado todo un revuelo en la red, ya que de convertirse en realidad Telefónica ganaría capital por partida doble y generaría unos beneficios altísimos.

Por otro lado César Alierta aseguró durante su comparecencia que van a crear una plataforma de aplicaciones para smartphones. De este modo Telefónica pasaría a competir con Vodafone360, la plataforma que la operadora roja presentó hace unos meses. A continuación os dejamos el vídeo con el discurso de Alierta de poco más de 7 minutos de duración.

http://www.muyinternet.com/2010/02/07/telefonica-pretende-cobrar-a-las-grandes-empresas-de-internet

http://aui.es/
Las asociaciones de internautas analizan la "posible inconstitucionalidad" de la norma

Aseguran que esta norma es una "medida cautelar sin precedentes con una capacidad inquisitoria tremenda", y piden la dimisión de Sinde MADRID, 26 (EUROPA PRESS) Las asociaciones de internautas han adelantado este miércoles que están "analizando la posible inconstitucionalidad" del texto pactado entre PSOE, PP y CiU en el Senado para sacar adelante la Ley Sinde. Según el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez, que se pueda cerrar una página web "por si acaso puede hacer daño es algo que no cabe en la Constitución".

Aparte de otras consideraciones acerca del contenido de la Ley, concretamente están analizando el punto que establece que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda adoptar medidas preventivas contra webs que "hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial".

"Podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial", plantea el texto.

En esta línea, Pérez ha subrayado que son más de una treintena de organizaciones de todo tipo las que están trabajando en desarrollar acciones de queja conjuntas, las cuales "se irán haciendo en la medida en que surja el calendario".

"No queremos que nadie se aproveche del trabajo de los demás, pero esta es una ley para criminalizar al enlazador, y de esta manera se tendría que cerrar internet", ha argumentado, para después señalar que "hay que cambiar el modelo de negocio porque el futuro no pasa por lo que nos quieren imponer los que han triunfado con el modelo anterior".

"CAPACIDAD INQUISITORIA TREMENDA"

El presidente de la Asociación Música e Internet (AMI), Santiago Ureta, ha ido más allá y ha hablado de que esta ley es una "medida cautelar sin precedentes, con una capacidad inquisitoria tremenda". Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas (AI), ha denunciado, asimismo, que "han llevado al BOE una Comisión que es de antes de 1975".

Pérez ha planteado también que este "no es un problema de piratería", ya que se "pueden prohibir todas las descargas", pero no va a servir de nada si la industria no se adapta a los nuevos tiempos. Así, ha reclamado una reforma "a fondo" de la Ley de Propiedad Intelectual y la eliminación del canon, pues "perjudica al creador y al usuario y sólo beneficia al intermediario". "Hay soluciones, pero no pasan por criminalizar al usuario", ha añadido.

Por su parte, Domingo ha recordado que ya presentaron todos juntos una petición en el Senado para que no sacaran adelante la Ley Sinde, y ha afirmado que la enmienda pactada es una "chapuza" que, además, no tiene más garantías judiciales, a pesar de que eso es lo que defienden los partidos firmantes.

A su juicio, con esta enmienda "se da más facultades a la Comisión de Propiedad Intelectual, y se pasa a los jueces a la categoría de notarios". "Se está potenciando la Comisión sin una tutela judicial efectiva, se baja a los jueces a certificadores, ya que todo lo llevaría una Comisión política, convirtiendo además a los proveedores en la policía, pues ellos tienen los números IP de los usuarios", ha expuesto.

Sobre el compromiso del Gobierno de adaptar el canon a las sentencias europeas, Domingo ha dicho que es algo que ya tenía que estar hecho, y ha avanzado que más de 60 ayuntamientos están ya reclamando lo que han pagado por este concepto desde 2003, una cifra que, según ha recalcado, la Comisión Nacional de la Competencia cifra en 160 billones de euros.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), Miguel Errasti, ha recordado que la mayor parte de los alojadores webs -más del 90 por ciento- no están en España, por lo que esta ley sería "ineficaz". Ha avisado de que la ley puede además crear inseguridad jurídica y una migración hacia otros países del sector del hosting, lo cual provocaría cuantiosas pérdidas económicas.

DIMISIÓN DE LA MINISTRA

Ejerciendo como portavoz de todos los presentes, Domingo ha explicado que a ellos no les incumbe el anuncio de dimisión de Álex de la Iglesia al frente de la Academia de Cine, pero que lo que sí quieren es que dimita la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, quien "lleva dos años de regalo en el Ministerio".

Sobre este asunto, Pérez ha indicado que le han pedido reuniones directamente a la ministra en varios ocasiones, algunas de ellas recientemente e incluso entregándole documentación en mano en diversos actos públicos, a pesar de lo cual no han obtenido una respuesta positiva.

Fuente: Web

Spoiler:

Los internautas piden la dimisión de Sinde y las asociaciones planean denunciar la ley por inconstitucional

Diversas asociaciones de internautas han expresado su enérgico rechazo por las modificaciones introducidas en la Ley Sinde tras el acuerdo entre PP, PSOE y CIU y se plantean la posibilidad de denunciar la propuesta por inconstitucional.

En concreto ha sido la Asociación de Usuarios de Internet la que ha anunciado que denunciará la Ley ya que el texto propuesto “deja la puerta abierta a la a actuación preventiva contra empresas y ciudadanos”, algo que, “no tiene cabida en nuestra Constitución”.

Mientras esta asociación se plantea denunciar la Ley, su principal promotora, la ministra de cultura Ángeles González Sinde continúa en sus trece y tras el revuelo provocado por la dimisión de Álex de la Iglesia, ha declarado que si “no puede” seguir ejerciendo como presidente de la Academia de Cine, “es mejor que deje el cargo”.

Los internautas consideran que quien debe dimitir es la propia ministra y han creado una web bajo el lema “Sinde, nosotros los votantes pedimos tu dimisión”.

“Una auténtica chapuza”, así es como definen los cambios en la Ley desde la Asociación de Internautas, tal y como ha señalado su presidente, Víctor Domingo, que se queja de que “no se puede hacer una enmienda en tres tardes con un tema tan importante como éste”.

Respecto a los cambios introducidos en la aplicación del canon, (se comprometen a eliminarlo en organizaciones y empresas en un plazo de tres meses), han asegurado que se trata de una “tomadura de pelo” y que tendrían que haberlo retirado por completo tras darse a conocer la sentencia del Tribunal Europeo.

Fuente: Web

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González-Sinde, de fiesta con los artistas horas antes de la votación de la ley antidescargas: acudieron David Bisbal, Alejandro Sanz y Miguel Bosé


Horas antes de que se votara en el Congreso de los Diputados la llamada ‘Ley Sinde’, la ministra de Cultura celebró una cena privada con importantes artistas españoles en un conocido local de Madrid, ‘El Bogavante del Almirante’.

La cita que organizó González-Sinde en este discreto restaurante cercano al Ministerio de Cultura se celebró en un reservado, alejado de las miradas de curiosos. Según ha podido confirmar El Confidencial Digital de fuentes cercanas a los artistas, allí acudieron nombres de la talla de David Bisbal, Alejandro Sanz (que confirmó su presencia a través de su secretaria) o Miguel Bosé, entre otros. En total, fueron unos veinte los invitados.

Fuentes conocedoras de esta celebración explican a ECD que el montante de la cena ascendió a 1.800 euros. Este confidencial no ha podido concretar quién ha corrido con este gasto.

Pues bien, horas después de la ‘fiesta’ con los artistas pro ‘ley Sinde’, la Comisión de Economía tumbaba el proyecto de Ley de Economía Sostenible. En ese momento, algunos artistas salieron públicamente a defender el texto que preveía el cierre de webs que favorezcan las descargas de archivos protegidos por derechos de autor como películas o música.

Entre ellos se encontraba el propio Alejandro Sanz, asistente a la cena con la ministra. El cantante escribió en una conocida red social: “Qué cobardes los políticos españoles, no van a votar la ley Sinde de protección a la propiedad intelectual porque es impopular... Cobardes e hipócritas”.

Miguel Bosé fue más explícito y escribió en esa red social: “Desde aquí mi apoyo total e incondicional a la Ley Sinde. Ya era hora. Y de paso que conste mi vergüenza hacia todos aquellos políticos que intentan canjear nuestros derechos contra otros beneficios que nos lesionan profundamente. A ellos vaya mi desprecio”.

‘El Bogavante del Almirante’ es un restaurante especializado en arroz con bogavante. Una guía gastronómica lo define de esta manera: “situado en pleno barrio de Chueca se ubica este curioso restaurante con decoración atrevida, colores fuertes y que ofrece pescados frescos de alta calidad. Tiene también raciones y medias raciones de carabineros, camarones, cigalas, percebes...”.

Alguno de los camareros del restaurante no salía de su asombro al comprobar el espectacular despliegue de seguridad que se organizó ese día en el local.