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AGENCIAS NORTEAMERICANAS DENUNCIADAS POR PORTUGAL Y ESPAÑA
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AGENCIAS NORTEAMERICANAS DENUNCIADAS POR PORTUGAL Y ESPAÑA
Los promotores de la querella española contra las tres grandes agencias de rating -Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que acaparan más del 90% de la cuota de mercado mundial- tienen previsto presentar hoy en la Audiencia Nacional un escrito para ampliarla e incorporar la cadena de actuaciones de los últimos meses que, a juicio de los querellantes, refuerzan su caso.
La ampliación incluye la demanda de varias diligencias. Entre ellas, la toma de declaración a los autores de los informes sobre España y a las personas que deciden el momento en que estos se difunden, uno de los aspectos más controvertidos y que más ha indignado a las autoridades españolas y europeas. También pedirán "el bloqueo cautelar" de las cuentas bancarias de las tres grandes agencias "a la vista del posible perjuicio que están generando y con el fin de hacer frente a una posible responsabilidad civil".
La querella, coordinada por los abogados Gonzalo Boye, Jaume Asens y Enrique Santiago y a la que se han sumado siete organizaciones, se presentó el 25 de febrero. El juez Ismael Moreno abrió en seguida diligencias previas y pidió a la Fiscalía que se pronunciara, pero 141 días después todavía no lo ha hecho.
El letargo contrasta, por ejemplo, con la evolución de una querella análoga presentada en Portugal inspirada en la española. En el país vecino se presentó en abril, y la Fiscalía ya se pronunció en mayo a favor de la investigación. No sólo eso: hace dos semanas divulgó que la consideraba "prioritaria".
En Portugal, la Fiscalía apoyó en seguida una iniciativa análoga
Fuentes jurídicas explican que el fiscal Alejandro Luzón, adscrito a Anticorrupción, ultima su informe al respecto y podría entregarlo esta misma semana. Tras varios meses de parálisis, el dossier recayó en Luzón, que encargó un estudio técnico y se ha dedicado en los últimos 15 días a este caso de forma prioritaria.
El largo impasse en la Fiscalía contrasta con el vigor que expresó públicamente el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, en mayo de 2010, tras la sucesión de ataques especulativos contra España. Entonces, Conde-Pumpido se mostró partidario, durante una conferencia, de "investigar y combatir la criminalidad económica derivada de los ataques especulativos contra la moneda europea".
La ampliación de la querella que se presentará hoy ronda los 50 folios, que se suman a los 60 del primer escrito. Y se inicia precisamente con el recordatorio de que el juez pidió a la Fiscalía que se pronunciara el pasado 28 de febrero, pese a lo cual no ha habido ninguna reacción por parte del Ministerio Público, más allá de solicitar traducciones.
"Transcurridos más de cuatro meses y medio sin que dicho Ministerio se haya pronunciado, entendemos que no resulta necesario ni aconsejable continuar esperándole habida cuenta de que existe una constante producción de hechos públicos y notorios, incardinables en la reiteración delictiva", escriben los querellantes.
Pulso en toda la UE
Las agencias de calificación están en el centro de la polémica en toda la UE por los "conflictos de intereses" denunciados por las instituciones más ortodoxas, incluido el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre muchas otras. Pero pese a la sucesión de declaraciones de indignación, la UE y los países afectados han actuado con extrema cautela ante el enorme poder de estas agencias, que califican la calidad y el riesgo de los productos financieros y tienen, por tanto, un papel clave a la hora de facilitar o entorpecer que los gobiernos puedan financiarse en los mercados a precios razonables.
El 31 de marzo, con la querella en España ya presentada y en pleno conflicto entre las agencias y la Comisión Europea por las rebajas de Grecia y Portugal que agravaban la situación de ambos países, las calificadoras lanzaron una advertencia a través de Reuters, que citaba a "fuentes del sector": "Las agencias de calificación han advertido a la Comisión de que podrían dejar de calificar a los países más expuestos si sigue adelante con sus planes de hacerlas legalmente responsables de rebajas erróneas".
El fiscal Luzón ultima su propuesta de informe para la causa española
Hace meses que la UE discute la creación de una agencia pública europea que rompa el oligopolio privado de matriz estadounidense, pero no ha dado ningún paso concreto al respecto. Y todos los expertos coinciden en que, mientras tanto, un país que dejara de ser calificado se vería abocado a la quiebra ipso facto.
En este tira y afloja, cada nueva calificación tiene el potencial de convertirse además en un arma formidable de negociación en favor de las agencias. Portugal es el último ejemplo: este es el país que, por ahora, se ha atrevido a ir más lejos en su desafío al considerar la Fiscalía que la investigación de la querella es "prioritaria" y encabezar el propio presidente de la República, el conservador Aníbal Cavaco Silva, las expresiones de repudio contra las agencias. Y la reciente rebaja de la calificación de este país -Moody's degradó cuatro escalones su deuda y la dejó en bono basura- es la que más sorpresa causó entre los expertos y las autoridades de la UE.
Como subrayó el Gobierno portugués tras la rebaja, el 5 de julio, Moody's ni siquiera había tenido en cuenta en su análisis el paquete de medidas de choque del nuevo Gobierno, que incluye decisiones tan drásticas como un impuesto del 50% de la paga extra de navidades.
Accionistas beneficiados
Ante la parálisis institucional, los promotores de la querella en España, que representa a partidos políticos (IU, ICV, ERC) y redes ciudadanas (como Attac y el Observatorio DESC, entre otras), han tomado la iniciativa con la ampliación de la querella, que aportará ejemplos del resto de países asediados de la UE para intentar demostrar que las agencias siguen un mismo patrón con el objetivo de "hundir la deuda soberana en beneficio de terceros", ya sean clientes de las agencias o accionistas. Fondos que se benefician del mayor interés que deben pagar los gobiernos, como Capital Group, BlackRock y Vanguard, son a la vez accionistas de las grandes agencias.
El nuevo escrito dice que las agencias quieren "hundir la deuda soberana"
La ampliación incorpora un reciente informe del Banco Central Europeo -elaborado en junio, con posterioridad a la presentación inicial de la querella- que demuestra que una rebaja en la calificación implica siempre un sobrecoste automático para financiarse en los mercados.
El nuevo escrito incluye la polémica degradación de España del 10 de marzo: Moody's reventó una importante comparecencia, prevista con anterioridad, del gobernador del Banco de España, que cifró en 15.000 millones las necesidades del sistema financiero español, degradando sólo unas horas antes a España y cuantificando las necesidades de su sistema financiero en una horquilla de entre 50.000 y 120.000 millones, sin esperar a conocer los datos oficiales.
Las tres agencias han declinado comentar su posición ante la querella española. Un portavoz de Fitch en Londres afirmó que están "siguiendo muy de cerca los acontecimientos".
La ampliación incluye la demanda de varias diligencias. Entre ellas, la toma de declaración a los autores de los informes sobre España y a las personas que deciden el momento en que estos se difunden, uno de los aspectos más controvertidos y que más ha indignado a las autoridades españolas y europeas. También pedirán "el bloqueo cautelar" de las cuentas bancarias de las tres grandes agencias "a la vista del posible perjuicio que están generando y con el fin de hacer frente a una posible responsabilidad civil".
La querella, coordinada por los abogados Gonzalo Boye, Jaume Asens y Enrique Santiago y a la que se han sumado siete organizaciones, se presentó el 25 de febrero. El juez Ismael Moreno abrió en seguida diligencias previas y pidió a la Fiscalía que se pronunciara, pero 141 días después todavía no lo ha hecho.
El letargo contrasta, por ejemplo, con la evolución de una querella análoga presentada en Portugal inspirada en la española. En el país vecino se presentó en abril, y la Fiscalía ya se pronunció en mayo a favor de la investigación. No sólo eso: hace dos semanas divulgó que la consideraba "prioritaria".
En Portugal, la Fiscalía apoyó en seguida una iniciativa análoga
Fuentes jurídicas explican que el fiscal Alejandro Luzón, adscrito a Anticorrupción, ultima su informe al respecto y podría entregarlo esta misma semana. Tras varios meses de parálisis, el dossier recayó en Luzón, que encargó un estudio técnico y se ha dedicado en los últimos 15 días a este caso de forma prioritaria.
El largo impasse en la Fiscalía contrasta con el vigor que expresó públicamente el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, en mayo de 2010, tras la sucesión de ataques especulativos contra España. Entonces, Conde-Pumpido se mostró partidario, durante una conferencia, de "investigar y combatir la criminalidad económica derivada de los ataques especulativos contra la moneda europea".
La ampliación de la querella que se presentará hoy ronda los 50 folios, que se suman a los 60 del primer escrito. Y se inicia precisamente con el recordatorio de que el juez pidió a la Fiscalía que se pronunciara el pasado 28 de febrero, pese a lo cual no ha habido ninguna reacción por parte del Ministerio Público, más allá de solicitar traducciones.
"Transcurridos más de cuatro meses y medio sin que dicho Ministerio se haya pronunciado, entendemos que no resulta necesario ni aconsejable continuar esperándole habida cuenta de que existe una constante producción de hechos públicos y notorios, incardinables en la reiteración delictiva", escriben los querellantes.
Pulso en toda la UE
Las agencias de calificación están en el centro de la polémica en toda la UE por los "conflictos de intereses" denunciados por las instituciones más ortodoxas, incluido el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre muchas otras. Pero pese a la sucesión de declaraciones de indignación, la UE y los países afectados han actuado con extrema cautela ante el enorme poder de estas agencias, que califican la calidad y el riesgo de los productos financieros y tienen, por tanto, un papel clave a la hora de facilitar o entorpecer que los gobiernos puedan financiarse en los mercados a precios razonables.
El 31 de marzo, con la querella en España ya presentada y en pleno conflicto entre las agencias y la Comisión Europea por las rebajas de Grecia y Portugal que agravaban la situación de ambos países, las calificadoras lanzaron una advertencia a través de Reuters, que citaba a "fuentes del sector": "Las agencias de calificación han advertido a la Comisión de que podrían dejar de calificar a los países más expuestos si sigue adelante con sus planes de hacerlas legalmente responsables de rebajas erróneas".
El fiscal Luzón ultima su propuesta de informe para la causa española
Hace meses que la UE discute la creación de una agencia pública europea que rompa el oligopolio privado de matriz estadounidense, pero no ha dado ningún paso concreto al respecto. Y todos los expertos coinciden en que, mientras tanto, un país que dejara de ser calificado se vería abocado a la quiebra ipso facto.
En este tira y afloja, cada nueva calificación tiene el potencial de convertirse además en un arma formidable de negociación en favor de las agencias. Portugal es el último ejemplo: este es el país que, por ahora, se ha atrevido a ir más lejos en su desafío al considerar la Fiscalía que la investigación de la querella es "prioritaria" y encabezar el propio presidente de la República, el conservador Aníbal Cavaco Silva, las expresiones de repudio contra las agencias. Y la reciente rebaja de la calificación de este país -Moody's degradó cuatro escalones su deuda y la dejó en bono basura- es la que más sorpresa causó entre los expertos y las autoridades de la UE.
Como subrayó el Gobierno portugués tras la rebaja, el 5 de julio, Moody's ni siquiera había tenido en cuenta en su análisis el paquete de medidas de choque del nuevo Gobierno, que incluye decisiones tan drásticas como un impuesto del 50% de la paga extra de navidades.
Accionistas beneficiados
Ante la parálisis institucional, los promotores de la querella en España, que representa a partidos políticos (IU, ICV, ERC) y redes ciudadanas (como Attac y el Observatorio DESC, entre otras), han tomado la iniciativa con la ampliación de la querella, que aportará ejemplos del resto de países asediados de la UE para intentar demostrar que las agencias siguen un mismo patrón con el objetivo de "hundir la deuda soberana en beneficio de terceros", ya sean clientes de las agencias o accionistas. Fondos que se benefician del mayor interés que deben pagar los gobiernos, como Capital Group, BlackRock y Vanguard, son a la vez accionistas de las grandes agencias.
El nuevo escrito dice que las agencias quieren "hundir la deuda soberana"
La ampliación incorpora un reciente informe del Banco Central Europeo -elaborado en junio, con posterioridad a la presentación inicial de la querella- que demuestra que una rebaja en la calificación implica siempre un sobrecoste automático para financiarse en los mercados.
El nuevo escrito incluye la polémica degradación de España del 10 de marzo: Moody's reventó una importante comparecencia, prevista con anterioridad, del gobernador del Banco de España, que cifró en 15.000 millones las necesidades del sistema financiero español, degradando sólo unas horas antes a España y cuantificando las necesidades de su sistema financiero en una horquilla de entre 50.000 y 120.000 millones, sin esperar a conocer los datos oficiales.
Las tres agencias han declinado comentar su posición ante la querella española. Un portavoz de Fitch en Londres afirmó que están "siguiendo muy de cerca los acontecimientos".
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Re: AGENCIAS NORTEAMERICANAS DENUNCIADAS POR PORTUGAL Y ESPAÑA
FUENTE: PUBLICO.ES
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Re: AGENCIAS NORTEAMERICANAS DENUNCIADAS POR PORTUGAL Y ESPAÑA
Los bancos de EEUUse hacen de oro con la crisis del euro
julio 18, 2011 por maestroviejo
Logran ganancias que duplican su inversión desde abril especulando con los seguros de impago y poniendo a los países periféricos al borde del abismo.
Una élite de banqueros estadounidenses se reúne en secreto en algún lugar de Manhattan el tercer miércoles de cada mes. Planifican la estrategia para conseguir que el mercado de derivados financieros, unos productos altamente especulativos, siga rindiéndoles desorbitantes beneficios; aunque, en teoría, lo que hacen es dar garantías al mercado, algo hoy en entredicho.
De ese grupo de bancos de inversión estadounidenses, cuatro siguen copando el mercado más lucrativo dentro de los derivados, el de los credit default swaps (CDS): Goldman Sachs, Citibank, JPMorgan Chase y Bank of America (que en su día engulló el maltrecho Merrill Lynch). Son los principales beneficiados de la crisis del euro y los que más ganancias cosechan con los ataques a la deuda de los países europeos.
A este selecto club se une otro banco anglosajón, el británico HSBC. Estas cinco entidades copaban, a finales de 2008, el 99% de las compras y de las ventas de CDS en el mundo, según un informe publicado por la CNMV. Una posición de dominio que hoy mantienen, según varios brokers consultados.
Es fácil de entender el oligopolio, ya que los propios bancos de inversión estadounidenses se inventaron ese mercado en los noventa. Por eso lo controlan. Todo empezó como una transacción en la que el banco ofrecía un seguro de impago a otro: “te cubro la posible pérdida a cambio de una cantidad”. Y las operaciones se arreglaban por teléfono. Ni un papel de por medio. Así se hizo hasta 2005, cuando ya se estandarizó la operativa. Eso sí, fuera del resto de mercados organizados, ya que operan over the counter o en el llamado mercado gris.
Para estandarizarlo, un grupo de bancos creó una asociación de derivados, la ISDA (por sus siglas en inglés), que marca las reglas del juego. Tanto es así que la ISDA decide en qué casos los vendedores de los CDS, que ofrecen cubrir un impago, tienen que indemnizar a los compradores de esa cobertura (principalmente, otros bancos y fondos de inversión y de pensiones).
En teoría, los CDS funcionan como un seguro. Un banco o una compañía de seguros asegura el impago de unos títulos que otro banco o un fondo ha comprado en el mercado. Si se produce el impago, el banco asegurador paga una indemnización al que compró ese CDS. Trasladado a los ataques contra la deuda de los países del euro, lo que se juega ahora es el impago o, más bien, la quiebra de Grecia, y su efecto contagio.
Lo grave es que el mercado de CDS permite a un comprador de ese seguro no tener los títulos de deuda que quiere asegurar. Y no se sabe con seguridad qué porcentaje de bonos está cubierto, aunque, según un informe de la CNMV, en la zona del euro la cobertura estaría entre el 1% y el 5%
Como, a un tiempo, los CDS cotizan como acciones, los especuladores se lucran comprando y vendiendo constantemente esos títulos. Además, los CDS influyen en el tipo de interés que tienen que ofrecer los países para que sus bonos sean comprados y poder financiarse así en los mercados.
El CDS funciona como el termómetro del riesgo de impago de un país. Así que los especuladores atesoran CDS y hacen subir su precio, como han hecho con Grecia, Irlanda, Portugal, España y, ahora, Italia y Bélgica. Con ello, elevan la percepción de que es más arriesgado comprar deuda de esos estados. De esta forma, desde abril, en sólo tres meses, han tenido ganancias por el doble de lo que invirtieron vendiendo CDS que ya tenían de Italia, Irlanda y Grecia, y un 70% con los de España.
Otro cálculo de lo que ganan se puede hacer sobre la deuda de los países periféricos que vence hasta 2015, 1,19 billones de euros. Como aproximadamente el 2,5% estaría cubierta por CDS, según datos de la CNMV, los bancos especuladores ganarían a medio plazo en torno a 29.000 millones. Si no hay impagos.
Al tiempo que compran y venden CDS, hacen lo mismo con la deuda. Cuando la venden masivamente también consiguen que los inversores vean mayor riesgo en invertir en deuda de esos países. Y los estados se ven obligados a subir la rentabilidad que ofrecen sus bonos para atraer compradores. En ese momento, los especuladores vuelven a adquirir bonos que, en sólo tres meses, rentan un 20% más, en el caso de los periféricos, según los datos de Bloomberg.
Los grandes bancos que copan los CDS ganan, así, con todas las operaciones posibles. Por un lado, actúan como intermediarios de estos seguros y cobran por ello. Por otro, ellos mismos también compran y venden los CDS y deuda y, además, también pueden hacerlo poniéndose cortos (apostando a la baja) y sin tener los títulos (ventas en descubierto), dos prácticas altamente especulativas.
“Juegan con el riesgo”
“Para hacer negocio, juegan con el propio riesgo de impago. Es como si tu médico siempre quisiera que te pusieras enfermo”, señala gráficamente Javier Flores, director de inversión de Dracon Partners. Al final, los bancos, fondos y aseguradoras que venden los seguros de impago “aseguran un riesgo que están fomentando”, añade Flores.
No sólo lo hacen los bancos estadounidenses. El alemán Deutsche Bank, el británico Barclays y los franceses Société Générale y BNP Paribas también son actores principales en un mercado de ingeniería financiera en el que, al final, todo parece humo.
En 2007, la compraventa total de estos seguros sobre bonos, acciones y hasta índices bursátiles llegó a mover en todo el mundo 60 billones de dólares (42 billones de euros), más que toda la riqueza mundial. En 2010, bajó a la mitad, 29 billones de dólares (21 millones de euros), según los datos del Banco Internacional de Pagos. Si bien todos los agentes del mercado consultados advierten que los datos sobre CDS siempre son parciales.
La quiebra en 2008 de Lehman Brothers, muy activo en CDS, marcó un antes y un después porque los bancos no supieron cómo cubrir las indemnizaciones y EEUU tuvo que salvar con 173.000 millones de dinero público en la aseguradora AIG, que cubría gran parte de los CDS de Lehman.
Los vendedores de CDS sólo pierden cuando hay un impago porque, entonces, deben pagar cuantiosas indemnizaciones.
Fuente: http://www.publico.es/dinero/387469/los-bancos-de-eeuu-se-hacen-de-oro-con-la-crisis-del-euro
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