España - Gran Hermano

09/11/2010 - Miquel Rosselló

Hijos de nuestros padres

Hasta ahora, en España, la tradición respaldada por la norma indicaba que el primer apellido del recién nacido correspondía al del padre y el segundo al de la madre, sin que por ello se impidiera su cambio en determinados supuestos. Esta convención trivial, pero comúnmente aceptada, permite presuponer fácilmente las filiaciones y trepar por las ramas del árbol genealógico hasta descubrir nuestros orígenes. Con el pretexto de modernizar el Registro Civil, actualmente, se está tramitando un proyecto de Ley que pondría fin a esta norma, dejando al común acuerdo de los progenitores la elección del orden de los apellidos, mientras que por defecto, o en caso de desacuerdo, el orden quedaría determinado por el orden alfabético.

Más allá de la anécdota y de lo que en una primera lectura podría parecer una reforma liberadora del peso de la tradición y la discriminación de la mujer, se esconde un paso más para controlar a los individuos. Un paso firme y decidido que culmina otras reformas dedicadas a desestructurar la sociedad, tal y como ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos, para reorganizarla. Las leyes deberían limitarse a respetar los acuerdos y recoger el fruto de los usos sociales y tradiciones que genera la sociedad en lugar de procurar su transformación.

El proyecto histórico de la Izquierda ha sido la creación del hombre nuevo éticamente preparado para vivir solidariamente en el paraíso socialista. Del socialismo científico, pasando por el socialismo real hasta esta nueva izquierda, el proyecto sigue siendo el mismo. Donde las formas de totalitarismo más evidentes fracasaron, hoy triunfa la misma idea enmascarada bajo organizaciones pantalla como el ecologismo reaccionario o la ideología de género. Así, proyectos descabellados como descomponer las familias y arrebatar a los niños de sus familias para reeducarlos se llevan a cabo hoy de forma dispersa entre una educación controlada estatalmente y el propio pensamiento dominante.

Si este texto legal es aprobado tal y como ahora se encuentra, se abandonará el libro de familia alienando al individuo y eliminando cualquier referencia legal a esa institución natural, piedra angular de toda sociedad. Los progenitores (A y B) serán meros intermediarios donde el orden de los apellidos es mera anécdota. Disuelta nuestra filiación, a cada individuo se le asignará un “código personal de ciudadanía”, un código de barras que nos identificará no como individuos, sino como ciudadanos dependientes del Estado, fuente de todos nuestros “derechos” y razón última de nuestra existencia. De la cuna hasta la sepultura nuestro paso por este mundo quedará reducido a los registros legales ligados a este código que ya no debemos a nuestros padres sino al Estado.

Del Estado autoritario patriarcal hemos avanzado a un estado de dominación matriarcal mucho más efectivo en nuestro control y registro. La familia es el enemigo más peligroso para el Estado, que se define como monopolio en todos sus accidentes; la última de las barreras protectoras que protegen al individuo contextualizándolo en un momento histórico-familiar, fruto de una tradición y unos genes concretos que enraízan en sus antepasados y se proyectan hacia el futuro a través de sus hijos. De ahí el peligro que conlleva dinamitar esta estructura social convirtiendo al hombre en un mero contribuyente de la granja estatal en el que la élite privilegiada explota para mantenerse y perpetuarse en el poder.

La suerte todavía no está echada, el texto es un proyecto y puede sufrir modificaciones sustanciales o no llegar a ver la luz. A los legisladores les interesa tener ciudadanos dóciles, pero nosotros todavía tenemos recursos suficientes para recordarnos a nosotros mismos y a la casta política que somos hombres antes que ciudadanos, que somos hijos de nuestros padres.

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LAS EMPRESAS SERÁN RESPONSABLES PENALES DE ACTOS DE SUS EMPLEADOS
Alta tensión en las empresas por la entrada en vigor del nuevo Código Penal



Ni una, ni dos, ni tres… Veintidós veces ha sido reformado el Código Penal desde el año 1995; pero esta vez los cambios son de transcendencia. De mucha enjundia. En particular para las empresas, que, por primera vez, son penalmente responsables no sólo de los delitos cometidos en su nombre y en provecho propio por parte de sus directivos, sino que también asumen la responsabilidad penal por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica -las empresas- el debido control sobre sus empleados. Es decir, por omisión.

A partir de mañana, los delitos ya no sólo los cometen las personas físicas (como es tradición en el derecho penal), sino también las personas jurídicas (artículo 31 bis), que pueden ser condenadas incluso a su disolución o a la ‘muerte civil’ con sanciones económicas de hasta 5.000 euros diarios. Una cantidad que necesariamente les aboca a la ruina. La ley establece, de hecho, que las empresas serán responsables de delitos aun cuando la justicia no haya podido individualizar el delito en una persona física.

Un salto cualitativo de indudable relevancia que supone un antes y un después en el derecho societario, y que entra en vigor seis meses después de que el BOE publicara el enésimo Código Penal de la democracia.

La nueva norma pone límites, sin embargo, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en concreto, aclara que “no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos y a las organizaciones internacionales de derecho público”. Tampoco a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. El sector público en sentido amplio queda, por lo tanto, al margen de la responsabilidad penal de sus actos. Al contrario que el sector privado.

En palabras de Ignacio Gordillo, socio director del departamento penal del bufete Martínez-Echevarría, estamos ante una ley “que obligará a las empresas a ser más vigilantes con sus empleados, en particular las multinacionales mediante la creación de sistemas de control interno”. No es para menos teniendo en cuenta que el nuevo Código Penal establece que si las personas que materialmente hayan realizado el delito o hubiesen permitido por no haber ejercido el debido control son las mismas, las empresas seguirán siendo responsables “aun cuando dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia”.

Estafas o insolvencias punibles

El catálogo de delitos que pueden cometer las empresas va desde el de estafa al de insolvencias punibles o daños en el sistema de información. Además de los relativos a la propiedad intelectual, el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales o los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Y la dureza de las sanciones no deja lugar a dudas de lo que pretende el legislador. Desde una multa económica a la disolución o la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la anulación de su capacidad de actuar “de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita”. Pasando por la suspensión de actividades durante un periodo de cinco años.

El nuevo Código Penal cierra todas las vías de escapatoria, y lo hace de forma exhaustiva al establecer que para evitar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas pueda ser “burlada por una disolución encubierta o aparente o por su transformación, fusión, absorción o escisión”, se hacen previsiones especificas donde se presume que existe la referida disolución aparente o encubierta. Y se presume esta circunstancia cuando la empresa “continúe con su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados”.

El ex fiscal Gordillo, del despacho Martínez-Echevarría, destaca el hecho de que el nuevo Código Penal no sólo castiga el provecho propio por parte de los directivos, sino también las expectativas que pudieran determinarse, lo que supone un salto cualitativo de indudable relevancia.

La reforma, igualmente, da una nueva de tuerca la a persecución del delito de información privilegiada. Y en este sentido se castiga la difusión de noticias o rumores sobre empresas donde se ofreciesen datos falsos para alterar o preservar el precio de cotización de un instrumento financiero. De igual modo, se sanciona la conducta de “quienes utilizando información privilegiada” realicen transacciones u órdenes de operación que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de instrumentos financieros. También para asegurar, en concierto con otras personas, el precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivel anormal o artificial, así como el concierto para asegurarse una posición dominante sobre la oferta o demanda de un instrumento financiero.

Otro de los aspectos importantes de la reforma es la lucha contra la corrupción en el sector privado. La idea fuerza en este ámbito, como señala la exposición de motivos, es que la garantía de una competencia justa y honesta pasa por la represión de los actos encaminados a corromper a los administradores de entidades privadas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho. El argumento que se ofrece es que con estos comportamientos, que exceden de la esfera de lo privado, “se rompen las reglas de buen funcionamiento del mercado”.

Identifican con una pulsera a los evacuados del terremoto de Lorca para evitar los abusos

Intentan evitar que haya gente que no lo necesita comiendo gratis.
Largas colas de los afectados para identificarse.
Lorca trata de recuperar desde hoy buena parte de la actividad ciudadana.

El cansancio, el nerviosismo y cierta indignación han cundido entre los miles de evacuados de Lorca, en su inmensa mayoría inmigrantes, que han tenido que soportar una interminable cola para certificar sus datos personales y preservar su derecho a permanecer en la zona de acampada.

Técnicos del Ayuntamiento de Lorca, en colaboración con Cruz Roja y Protección Civil, han puesto en marcha un dispositivo para verificar, uno por uno, la identidad y procedencia de las miles de personas que permanecen en el Huerto de la Rueda, la principal zona de acampada habilitada para los evacuados tras el grave terremoto del pasado miércoles.

El objetivo se esta iniciativa, han explicado fuentes municipales , es saber exactamente cuántas personas hay refugiadas, quiénes son, de dónde proceden y si realmente necesitan asistencia social, ante la sospecha de que pudiera haber "aprovechados" que estén tratando de beneficiarse ilícitamente de los alimentos y el cobijo prestados.

Una vez verificados todos estos datos, los evacuados con derecho a permanecer en el área de asistencia reciben una pulsera que así lo certifica. Este dispositivo hizo que los evacuados tuvieran que hacer cola durante largas horas en un domingo muy desapacible, en el que ha lloviznado a ratos y ha hecho frío.

Colas en vano

El proceso de verificación se ha interrumpido de noche, lo que ha provocado la indignación y la incomprensión de muchos evacuados, que han hecho cola "para nada", se han quejado abiertamente a los voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, que han tratado de apaciguar los ánimos con todo el tacto posible ante la susceptibilidad de los afectados.

Fuentes de Cruz Roja consultadas han apuntado que en el primer día de este lento y complejo operativo se han contrastado los datos de unas 2.000 personas y han calculado que podrían quedar pendientes otras tantas.

En el primer día se contrastaron datos de 2.000 personas, la mitad de lo esperado El ecuatoriano Kennedy Aguilar, de 47 años y residente en Lorca desde hace doce años, ha dicho que "no hay derecho" a que les hayan tenido "toda la tarde" esperando mientras se mojaban y que finalmente no les hayan atendido.

Su hermano William ha insistido en que "no es justo" y ha dicho sentirse "engañado" por haber pasado "cinco o seis horas de pie" a la intemperie haciendo cola sin haber obtenido resultado.

La boliviana Jenny, que lleva en sus brazos a una niña de corta edad, ha asegurado que ha permanecido en la cola durante cinco horas "mojada, sufriendo de frío y sin pillar nada".

Más evacuados

La ecuatoriana Elba Guamán, quien sí ha obtenido la ansiada pulsera, ha asegurado que su amiga ha estado "medio día parada" y no lo ha conseguido, ni tampoco le han dado un "número para mañana".

El motivo de queja del marroquí Mohamed Hankoussi es otro, y es que él y sus compañeros salen del campamento a trabajar a las cinco de la mañana y regresan por la tarde, por lo que se pierden los turnos de comida establecidos y no pueden "coger alimentos ni por la mañana ni al mediodía".

Seis de cada diez inmuebles ya han sido declarados habitables El ecuatoriano Víctor Jara, quien también se ha quedado sin pulsera, ha explicado que ha hecho cola "todo el día" porque le habían informado de que debía inscribirse para tener derecho a "vivienda y comida" porque "hay mucha gente colándose" en la zona de acampada.

Lejos de menguar el numero de evacuados en esta gran zona de acampada da la impresión de que incluso podría haber aumentado en los últimos días, a pesar de que seis de cada diez inmuebles ya han sido declarados habitables por los técnicos que realizan la evaluación de daños.

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Los alojados en el campamento de Lorca serán vacunados para evitar infecciones

Adultos y niños serán inmunizados contra el sarampión, rubéola, varicela y parotiditis



Cuatro equipos de la Consejería de Sanidad y Consumo vacunará hoy en La Torrecilla de Lorca de varicela y triple virica (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) a adultos y niños alojados en este campamento instalado tras los terremotos del pasado 11 de mayo, informó hoy la Comunidad Autónoma.

En el caso de los niños, se vacunará a aquellos que no hayan padecido estas enfermedades hasta los 11 años. Asimismo, se vacunarán a los adultos tributarios de varicela y triple vírica, según el director general de Salud Pública de Murcia, Francisco García Ruiz, quién añadió que "el sarampión es una enfermedad prácticamente erradica y en nuestra Región no ha habido ningún caso desde hace tres años".

El objetivo de esta iniciativa, explicó, es inmunizar a las personas alojadas en el campamento para garantizar las condiciones higiénico sanitarias de la población y evitar posibles enfermedades víricas.

En este sentido, puntualizó que "se llevarán unas 1.500 dosis de cada uno de estos preparados", y añadió que estas vacunas se aplican generalmente a niños, "pero dadas las circunstancias es esencial que desde la Consejería de Sanidad y Consumo adoptemos estrategias para proteger a la colectividad y contribuir a la erradicación de enfermedades".

Además, García recordó que "se seguirán realizando inspecciones en las dependencias y alrededores del campamento de damnificados en materia de sanidad ambiental y alimentaria para controlar aquellos factores que puedan suponer un efecto perjudicial para el bienestar físico, mental y social de las personas alojadas".

El objetivo de estas actuaciones "es velar por las condiciones higiénico-sanitarias de los acogidos en el campamento", aseveró.

Por ello, concluyó el director general, "al conocer la noticia de los terremotos se procedió a hiperclorar el agua para garantizar su consumo y eliminar los focos con organismos causantes de enfermedades".

Seis casos de varicela entre niños

La Consejería de Sanidad de Murcia ha detectado 6 casos de varicela en niños de entre 4 y 5 años de los que están alojados en los campamentos de afectados por los terremotos del pasado 11 de mayo, informaron a EFE fuentes de esta consejería.
Advierte la fuente además que el periodo de incubación de esta enfermedad es de entre 15 y 20 días, por lo que estos niños ya estaban incubándola antes de entrar en los campamentos.
Los niños han sido trasladados junto a sus familias a una zona aislada para evitar el contagio entre los damnificados que se encuentran en el único campamento instalado actualmente, en La Torrecilla.

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