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Mensaje por VACUNAS el 13/12/2010, 23:38

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Dice un miembro del Gobierno de España: “Venimos actuando con firmeza y determinación durante más de un año para acabar con los privilegios de un sector de personas que permanentemente plantea problemas a nuestro país”.

¿Se refiere a los banqueros españoles que ya han enviado a la calle a 200.000 familias (casi un millón de personas), por desahucios que no anulan las deudas hipotecarias?

¿Se refiere a los inversores de los fondos, hedge funds, a los que dio explicaciones en directo el Presidente del Gobierno en Nueva York y en agradecimiento especulan con la deuda pública española y logran intereses que triplican los previos a base de desacreditar la “marca” España?

¿Se refiere a los propios altos cargos, diputados y senadores españoles, cuyos privilegios ofenden más en tiempos de crisis, por ejemplo con pensiones máximas que logran con siete años de cotización, con indemnizaciones por cese de trabajo parlamentario, con compatibilidad legal de dos y tres sueldos y pensiones?

¿Se refiere a los sucesivos embajadores de los EEUU y a los personajes del Gobierno y de la Justicia de España que han influido para lograr acuerdos en contra de los mejores intereses españoles, según se deduce de las filtraciones de Wikileaks, como en el caso del asesinato de José Couso o la compra de motores de helicópteros a General Electric, por encima de Rolls Roice?

¿Se refiere al propio Gobierno que ha violado un acuerdo sindical para bajar el sueldo a los funcionarios, ha congelado a los pensionistas, ha eliminado el cheque-bebé, ha eliminado el complemento a los parados sin sustento, ha incrementado el IVA, ha privatizado empresas y loterías, ha reformado sin acuerdo las condiciones laborales, ha eliminado ayudas al desarrollo y demás?

No, el Ministro de Fomento se refiere a los controladores aéreos a los que, mediante un decreto-ley, un viernes aumentó las horas de trabajo a base de añadir las “disfrutadas” en bajas y en vacaciones, docencia o actividades sindicales. Estas horas son “neutras” hasta ahora para todos los españoles. Estas horas son salvaguarda de un trabajo bien hecho, del que depende la seguridad de los aviones y la salud de los trabajadores.

Los controladores respondieron con el cese del trabajo. El Gobierno de España declaró el “estado de alarma” (que afecta a todos los españoles) y militarizó a los controladores. Les aplicó una Ley de Franco (el dictador), la Ley Penal Procesal de la Navegación Aérea, de 1964. Les aplicó el Código Penal Militar, que no debería existir.

Los controladores tienen condiciones de trabajo que se basan en un convenio firmado en 1999, que el Gobierno “no ha tenido tiempo” de modificar en años. Se ha evitado, eso sí, contratar a más controladores, para evitar su aplicación a más trabajadores. Los controladores tienen un sueldo negociado de 140.000 euros, que doblan doblando el trabajo. Son trabajadores privilegiados, como los inspectores de Hacienda, los registradores de la propiedad, los notarios, los abogados del Estado y otros muchos más, incluyendo los Ministros del Gobierno, que van y vienen, por ejemplo de Vivienda (donde contribuyó a la creación de la “burbuja inmobiliaria”) a Ejército, de Sanidad (donde gestionó la crisis de la gripe A en contra de los hechos y de la lógica) a Exteriores y demás.
Los controladores abandonaron el trabajo, o no se presentaron al mismo.

Los controladores son trabajadores privilegiados; también los funcionarios son trabajadores privilegiados; los que tienen una pensión son también privilegiados; los que trabajan también son privilegiados; incluso los parados que cobran algo de subsidio son unos privilegiados. Parece que sólo los muertos y pobres de solemnidad no son privilegiados.

¿Qué haremos cuando la jubilación llegue días antes de la muerte? ¿Qué haremos cuando eliminen los domingos y los conviertan en días laborables? ¿Qué haremos cuando privaticen los montes públicos? ¿Qué haremos cuando nos sumen al horario laboral las horas de vacaciones, bajas, formación y sindicales y tengamos que “compensarlas” con horas extras? ¿Qué haremos cuando privaticen las calles y para pisarlas haya que pagar a una constructora, por ejemplo? ¿Qué haremos cuando suban el IVA al 50%? ¿Qué haremos cuando declaren el estado de “estado de alarma” y nos militaricen a todos para vacunarnos contra una gripe nueva amenazante?
No son posibilidades “locas” sino reales. Son posibilidades tan ciertas como las ya certezas locas convertidas en hechos (las medidas adoptadas contra la crisis). El Estado sirve a los intereses de los que de verdad nos controlan, ante los que se humillan los políticos. Su determinación, contundencia y firmeza se ve sólo ante los trabajadores.

Hoy es con los controladores, ayer y mañana con todos. La respuesta de los controladores ha sido inoportuna. El Gobierno de España les puso ante la trágala en fin de semana clave (si no respondían) o la respuesta determinada, contundente y firme (si respondían). En ambos casos ganaba el Gobierno de España, y en ambas perdían los españoles, los controladores, los viajeros y la población.

Tenemos políticos controlados, sumisos y obedientes. Juegan con los controladores y en su culo nos dan patadas a todos. Esas patadas pretenden dar imagen de determinación, contundencia y firmeza. Falsa imagen.

Juan Gérvas jgervasc@meditex.es
Nota: el firmante es médico general y no tiene conflicto de interés con los controladores aéreos, sólo le preocupa la repercusión en salud personal y poblacional de las respuestas a la crisis económica (que ha provocado la codicia de los ricos y poderosos).


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Mensaje por zanbar el 14/12/2010, 00:15

Más razón que un santo.
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Mensaje por david_kether el 15/12/2010, 02:45

Plataforma Clases Medias: Sobre el motín de los controladores aéreos‏
La cuestión no es si los controladores aéreos son "buenos" o "malos",
sino en la arbitrariedad del poder político:

El Estado contra todos

Javier Benegas. Elconfidencial.com. 14 de diciembre de 2010.
Mucho se ha escrito y dicho sobre el motín de los controladores aéreos. Sin embargo, muy poco se ha hecho por buscar la verdad. Y ahora que van quedando atrás los ecos de este suceso, me asalta una duda: ¿Y si lo sucedido no fuera más que el desigual choque entre la defensa de los derechos democráticos fundamentales y el poder del Estado? Desde este punto de vista, contra su voluntad y cual héroes impostados al gusto de estos tiempos modernos, los controladores aéreos habrían hecho que nos diéramos de bruces en plena crisis política y económica con un principio consagrado en el constitucionalismo democrático: el Derecho y el Deber de resistencia. Lamentablemente, a nuestro consciente colectivo estas cosas ni le suenan.

• Enlace al artículo en Elconfidencial.com

El Derecho y Deber de resistencia, expresado por Sófocles en Antígona y asumido con posterioridad como propio por el cristianismo, es una cuestión casi sagrada para los padres de la democracia moderna. Mediante éste fundamental principio, el individuo asegura la prevalencia de la democracia por encima del poder del Estado, cuestión fundamental que está unida inter alia a la obligación de hacer frente a la “autoridad” cuando nuestros derechos están amenazados o son vulnerados. Por ello, cuando un colectivo, un grupo o un solo individuo hace uso de su derecho y su deber a resistirse a la arbitrariedad del poder, además de defender sus interés particular, está poniendo en valor los intereses de toda la sociedad por más que su lucha nos acarree graves perjuicios e inconvenientes. Sin embargo, resulta desolador comprobar que, frente a cuestiones democráticas tan trascendentales, la gran mayoría reaccione con violencia y que las valoraciones, análisis u opiniones no hagan sino embestir contra lo que se nos presenta desde el poder político como una simple, intolerable y costosa algarada.

Pues bien, para aquellos a los que sólo interesa poner de relieve el coste económico de lo sucedido, aunque sea a costa de olvidar principios fundamentales en democracia, conviene refrescar la memoria y retrotraernos al viernes 9 de enero de 2009. En esa fecha, unos pocos centímetros de nieve hicieron que millones de personas quedaran atrapadas en las carreteras. Tal fue el despropósito que fueron necesarios dos días para que España recobrara la normalidad y se perdieron cientos de millones de horas de trabajo. ¿Cuál fue el coste económico de aquella imprevisión? ¿Cuántas décimas de nuestro PIB se fueron por el sumidero? Y, lo más importante, ¿cuántos responsables políticos respondieron con sus bienes y patrimonios personales ante tan imperdonable negligencia? Ninguno. Peor aún, no hubo ni una sola dimisión. Y casi tres años después, todos los culpables están cobrando a día de hoy generosas nóminas del Estado y -en este caso sí que procede decir- siguen disfrutando de privilegios, que no Derechos.

Es posible que nuestra idiosincrasia nos haga ser más indulgentes si nos vemos impedidos de ir a trabajar que si se nos priva de nuestra sagrada ración de escapismo. Y diríase que 250.000 ciudadanos, atrapados en los aeropuertos a punto de iniciar unas breves vacaciones, pesen mucho más en nuestra particular balanza que millones de personas que, camino de sus trabajos, quedan bloqueadas en las carreteras. También parece que es más acorde a nuestro carácter, dada la atávica postración que padecemos, arremeter contra nuestros iguales que enfrentarnos a quienes, siendo los verdaderos responsables, concentran en sí mismos un poder casi absoluto. A fin de cuentas, en un país donde la mitad de los trabajadores apenas alcanza a ser mileurista, que se subleven quienes disfrutan de generosas nóminas puede que sea el verdadero quid de la cuestión. Ya dijo Teodoro Roosevelt que “cuando el hombre común pierde su dinero, se comporta sencillamente como una serpiente herida, y ataca a derecha y a izquierda a todo lo que, inocente o no, atrae su atención”.

Pero lo más grave es que a los españoles sólo nos conmueve la pérdida de nuestro derecho a escapar de la realidad. Si se nos priva de ello, somos incluso capaces de arrogarnos el papel de víctimas. Y conviene recordar que en nuestro país hay 5 millones de personas sin trabajo, 400.000 familias sin ingreso alguno, 8 millones de pobres y 2,5 millones de ciudadanos que viven en la miseria; auténticas víctimas y rehenes de un poder político incompetente, cruel y mentiroso. En definitiva, nuestra degradación es tal que sólo entendemos de Justicia y Emergencia Nacional cuando vemos peligrar nuestros billetes a Cancún. Este es el triste corolario de un país en el que todos somos culpables, porque, a estas alturas, en España ya nadie es inocente.

Eso sí, en estos tiempos siempre hay una nueva oportunidad para la redención de nuestros pecados. El próximo 28 de enero será aprobada la reforma de las pensiones. La llevarán a efecto esos mismos políticos profesionales que dejan tirados a los ciudadanos en las carreteras y aeropuertos, en el desempleo y la miseria, y que pisotean derechos mientras mienten sin rubor al llamarlos privilegios. Cuando ese momento llegue, más nos valdrá haber aprendido la lección, porque lo que vamos a perder es algo más que unos pasaje.
Fuente
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