España - Aprobada la ley que permitirá cerrar y bloquear webs con autorización judicial

El Consejo de Ministros ha aprobado las medidas que facilitarán el cierre de webs con autorización judicial.
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional será la encargada de decidir si un página web debe o no debe ser cerrada.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes medidas legales para la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor en Internet, que combinarán procedimientos administrativos y judiciales a cargo de los cuales estará un órgano de nueva creación, la Comisión de Propiedad Intelectual.

Finalmente será la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la que decidirá qué páginas web de las señaladas previamente por la citada Comisión, deben ser cerradas o no.

El Ministerio de Cultura creará una sala destinada a la Comisión de la Propiedad Intelectual, formada por entre 4 y 6 personas: un juez de prestigio que haya presidido un tribunal importante, algún profesional del mundo de la tecnología, representantes de la comunidad internauta y también representantes de los creadores. "Ningún usuario debe estar preocupado o molesto por estas medidas", afirma González-Sinde

La Comisión se encargará de analizar los casos sobre páginas web que atenten contra los derechos de propiedad intelectual. Si se considera que la web está realizando actividades ilícitas, se enviarán dos avisos para que deje de llevarlas a cabo. En caso de que el portal no cese sus actividades, se enviará la denuncia siempre y únicamente a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Con esto se espera crear una especialización que permita elaborar en poco tiempo una jurisprudencia efectiva.

Erradicar las prácticas ilegales

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha declarado que "la libertad de expresión e información en la Red quedarán garantizadas". Además, ha asegurado que "se trata de erradicar las prácticas ilegales de empresas y páginas web, que se lucran y benefician con la explotación de las obras ajenas".

"Éste es un sector económico estratégico para la transformación del modelo productivo que en nuestro país supone un 4,2% del PIB y que genera decenas de miles de puestos de trabajo", ha señalado González-Sinde, quien ha matizado que "ningún usuario debe estar preocupado o molesto" ante estas medidas.

El juez tiene un plazo máximo de cuatro días para convocar a las partes y resolver un Auto

El Ministro de Justicia ha explicado en rueda de prensa que el objetivo es bloquear las páginas web que atenten contra los derechos de los creadores. "Se mantiene la Comisión y se le permite recibir quejas de los ciudadanos, investigar si se producen actos lesivos relacionados con la propiedad intelectual y ponerlos, en primer lugar, en conocimiento del propietario de la página, y posteriormente en conocimiento de un juez que será quien decida si se cierra o no la web", ha explicado Francisco Caamaño Domínguez.

"Se ha escogido el procedimiento más rápido y eficaz. El juez tiene un plazo máximo de cuatro días, una vez recibida la denuncia, para convocar a las partes y resolver el Auto. Con esto se garantiza agilidad, eficacia y máximas garantías", ha añadido. El juez deberá además verificar que la resolución adoptada no vulnera los derechos y libertades fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Constitución.

Estas medidas están incluidas en forma de disposición adicional dentro de la Ley de Economía Sostenible y con ellas el Ejecutivo pretende enfrentar las descargas ilegales en la Red pero garantizando los derechos de los usuarios, de forma que para el cierre o bloqueo de acceso a páginas web requerirá una autorización judicial. Todo esto hará necesaria una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya aprobada en el Consejo de Ministros.

Con este sistema, el Gobierno espera dejar tranquilos y satisfechos tanto a la Coalición de Creadores, representantes de la industria cultural que exigen una freno rápido y contundente a la piratería, como a la comunidad internauta, abiertamente indignada ante la posibilidad de que pudieran cerrarse webs y blogs sin orden judicial previa.

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