La corrupción gubernamental puede ser denunciada por los ciudadanos

La corrupción gubernamental puede ser denunciada por los ciudadanos
Publicado por escuadrondelaverdad en 14 Octubre 2009


De todos es conocido aquí en España, los casos de corrupción existentes en los diversos estamentos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, tendrán en su memoria reciente el caso Gürtel que es el nombre dado a la investigación instruida por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en febrero de 2009, cuyo fin es desentrañar una presunta red de corrupción vinculada al Partido Popular y encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido daría nombre al caso; pasando por el de Revilla que regala más anchoas a Zapatero que a Rajoy porque «es el que manda».

Lamentablemente casos como estos dos reseñados no son los únicos, existen muchos más en toda la geografía española, algunos han quedado en el olvido, ni siquiera fueron a los tribunales, unas por desconocimiento, otras por el temor a perder el empleo por parte de los subordinados, que no se atrevieron o no se atreven a denunciar.

Todo ciudadano que conozca casos de corrupción a nivel de funcionariado público relacionado con dádivas, debe de saber que el mismo puede denunciar esto, eso si, con pruebas contundentes que ayuden a derribar la torre.




Los artículos que protegen a los estamentos de este tipo de conductas son los siguientes:

Artículo 419.

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años, multa del tanto al triplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa.

Artículo 420

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicite o reciba, por sí o por persona interpuesta, dádiva o promesa por ejecutar un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo que no constituya delito, y lo ejecute, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a nueve años, y de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años, si no llegara a ejecutarlo. En ambos casos se impondrá, además, la multa del tanto al triplo del valor de la dádiva.

Artículo 421.

Cuando la dádiva solicitada, recibida o prometida tenga por objeto que la autoridad o funcionario público se abstenga de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, las penas serán de multa del tanto al duplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Artículo 422.

Lo dispuesto en los artículos precedentes será también aplicable a los jurados, árbitros, peritos, o cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública.

Artículo 423.

1. Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos serán castigados con las mismas penas de prisión y multa que éstos.

2. Los que atendieren las solicitudes de las autoridades o funcionarios públicos, serán castigados con la pena inferior en grado a la prevista en el apartado anterior.

Artículo 424.

Cuando el soborno mediare en causa criminal en favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al sobornador la pena de multa de tres a seis meses.

Artículo 425.

1. La autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.

2. En el caso de recompensa por el acto ya realizado, si éste fuera constitutivo de delito se impondrá, además, la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a quince años.

Artículo 426.

La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses.

Artículo 427.

Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que haya accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o presente realizada por autoridad o funcionario público y denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación, antes de la apertura del correspondiente procedimiento, siempre que no hayan transcurrido más de diez días desde la fecha de los hechos.



Para concluir:

Hoy día la inmensa mayoría de la población en España piensa que los estamentos políticos están corruptos y que prácticas como las vistas es común en la mayoría de las instituciones gubernamentales, si usted sospecha de algo, recoja pruebas, datos, todo lo que pueda de los funcionarios que están al servicio de todos y no para sus intereses, y denuncie, cada uno de ustedes es un fiscal en potencia. Debemos de acabar con la corrupción sea del tipo que sea.

Eduardo

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Una respuesta para “La corrupción gubernamental puede ser denunciada por los ciudadanos”

ZHU DE escribió
14 Octubre 2009 a 17:39

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Decía el dicho gitano: “En pleitos te veas, aunque los ganes”. Se puede denunciar todo lo denunciable, la trampa es que, como para todo, se necesita dinero, los emolumentos allegados por el ciudadano medio apenas le llegan para sobrevivir, mientras los corruptos están protegidos por une ejercito de abogados, jueces “íntimos amigos” como el del de la foto, etc. que hace que la ley (España esta llenita de leyes) sean papel mojado, excepto para los del ejercito de abogados de antes. Soy pesimista al respecto.

Y A MI ME GUSTARIA AÑADIR: NO PODRIAMOS DENUNCIAR AL GOBIERNO Y POLITICOS EN GENERAL, POR PERMITIR FUMIGACIONES DE CHEMTRAILS , ABUSO DE LOS IMPUESTOS, Y A LOS BANCOS POR USURA COLECTIVA Y ABUSO DESMESURADO CON LAS HIPOTECAS?....PIENSO QUE AHORA QUE ESTA GENTUZA HACE AGUAS POR VARIOS COSTADOS, DEBERIAMOS UNIRNOS E INTENTAR HUNDIR ESTE PODRIDO SISTEMA CAPITALISTA, ESCLAVISTA Y DICTATORIAL. NUESTRO MUNDO PERTENECE A PERSONAS LIBRES, NO ESCLAVAS DE GENTUZA CORRUPTA, LADRONA Y ASESINA.

Berlusconi crea un grupo “anti-detractores”, periodistas que lavarán su imagen – Libertad Digital

Controlar el mayor grupo de comunicación de Italia no es suficiente para Il Cavaliere, que quiere evitar que diariamente la prensa extranjera reproduzca sus espectáculos. Ahora, un grupo de periodistas entrenado en el lavado de imagen bombardeará las redacciones de noticias positivas.

El funcionamiento de los “anti-detractores”, según ha dicho Brambilla “será un grupo de jóvenes periodistas y expertos en comunicación, con promedio de edad de máximo treinta años. Tendrán una doble tarea: controlar toda la prensa, periódicos, revistas y televisión, en todas las latitudes desde Japón hasta Perú“. Y a partir de aquí, viene lo realmente molesto para los periodistas “bombardearán las redacciones con comunicaciones positivas y verdaderas”, “para dar a conocer la Italia verdadera”, ha dicho.

http://noticiaserb.wordpress.com/2009/10/14/berlusconi-crea-un-grupo-anti-detractores-periodistas-que-lavaran-su-imagen-libertad-digital/

Elecciones de Mayo:100 imputados se presentan a las elecciones.

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Cien imputados en las elecciones.

Las simpatías y antipatías políticas, perfectamente legítimas, que todos sentimos hacia unos y otros partidos nos impiden, quizá, hacernos cargo en su verdadera magnitud del escándalo que está a punto de suceder en las próximas elecciones autonómicas: más de cien imputados en casos judiciales de corrupción van a estar en las listas. La mayoría de ellos, en las filas del PP y del PSOE, pero también en las de casi todas las minorías.Las fuerzas políticas han realizado diversos intentos de pactar medidas para evitar tanto el transfuguismo como la presencia de imputados en la vida pública pero no han dado resultado. Con un desparpajo hiriente, cada partido afea a su antagonista la falta de ética, sin ver la viga en el ojo propio. Y la sociedad está perpleja, y en buena medida se ve arrastrada por la hipocresía reinante.Alguna voz independiente -tampoco muchas- está afeando esta situación, que degrada lo público, genera desafección, desacredita a la clase política, ofende a los contribuyentes y deteriora la democracia. Pero no hay que hacerse ilusiones: la clase política que tenemos es incapaz de regenerar la vida pública. Y la sociedad no está lo bastante estructurada para imponérselo con la debida energía.

Fuente.

Mapa nacional de los candidatos imputados: ¿Dónde se presentarán?

Más de un centenar de aspirantes del 22 de mayo, entre ellos un presidente autonómico, están relacionados con causas judiciales. Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia son las comunidades autónomas con mayor número de candidatos imputados.

Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia son las comunidades autónomas con mayor número de candidatos a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo que están imputados en casos de corrupción, prevaricación urbanística, cohecho o tráfico de influencias.
El caso de Valencia

En el conjunto del territorio nacional, más de un centenar de aspirantes, incluido un presidente autonómico, el valenciano Francisco Camps, están relacionados con causas judiciales de este tipo. Los dos grandes partidos acumulan más del 80 por ciento de los nombres con causas pendientes con la justicia, mientras que el resto pertenecen a IU, CiU y pequeños partidos.

Aunque no es la comunidad con mayor número de imputados en las listas de los partidos para los comicios de mayo -algo más de una decena-, el caso de la Comunidad Valenciana es de los más conocidos por las ramificaciones que ha tenido en la política nacional. El denominado ‘caso Gürtel’ afecta desde el presidente Camps, candidato a la reelección, hasta diputados regionales.

Camps está imputado por un presunto delito de cohecho impropio por recibir trajes de la trama. Detrás de él, en las listas al Parlamento valenciano aparecen varios implicados, ya que no todos están imputados: Milagrosa Martínez, actual presidenta de la Cámara y ‘número tres’ en las listas; Vicente Rambla, ‘número cuatro’; Ricardo Costa, ‘número siete’; David Serra, ‘número diez’, y Yolanda García, ‘número 19′.

En la Comunidad Valenciana también se ha producido el llamado ‘caso Brugal’, en el que se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras. Aquí figura imputado el ‘número dos’ en la lista a la Alcaldía de Alicante y presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, mientras que la candidata a alcaldesa, Sonia Castedo, y Luis Díaz Alperi, ‘número cuatro’ en la lista al Parlamento valenciano, están implicados.
Málaga, Sevilla, Granada y Almería

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de imputados -más de 30-, siendo Málaga la provincia más afectada por casos de corrupción, con hasta 15, 11 de ellos del PSOE, tres del PP y uno de IU. El caso de Alhaurín el Grande es quizá el más significativo, con su alcalde, Juan Martín Serón (PP), imputado por cobrar a cambio de conceder licencias urbanísticas, si bien también está acusado el concejal socialista Cristóbal Bonilla.

A Málaga le siguen Sevilla, Granada y Almería, con unos 15 imputados en total. La primera destaca sobre todo por el llamado ‘caso Mercasevilla’ por las presuntas irregularidades en la venta de suelo de la empresa pública, en el que están imputados el ex responsable de Empleo del Ayuntamiento Antonio Rivas y el ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena, ambos del PSOE. En los últimos días se ha conocido la imputación de los miembros de IU Antonio Rodrigo Torrijos, teniente de alcalde de Sevilla, Josefa Medrano y Carlos Vázquez.

En Granada está imputado, entre otros, el alcalde de la capital de provincia, Francisco Cuenca, por un posible delito de cohecho en una causa de una supuesta compra de votos en la que también están imputados el alcalde y candidato del PP de Güejar Sierra, José Antonio Robles, así como las diputadas y candidatas ‘populares’ María Victoria Molina y Teresa Fernández del Moral.
Veinte imputados en Canarias

Por número de imputados, Canarias se sitúa en segundo lugar, con alrededor de 20, y aquí afecta tanto a PP y PSOE como a otros partidos regionales como Coalición Canaria (CC), Nueva Canarias o Partido Progresista Majorero, que llevan imputados en sus listas para las elecciones de mayo -entre ellos el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo-, unos comicios en los que el archipiélago renovará municipios, cabildos y Parlamento autonómico.
Galicia

Otra comunidad muy afectada por la inclusión de imputados en las listas electorales es Galicia, con alrededor de una decena. Aquí están implicados en casos de corrupción miembros de los tres partidos con representación en el Parlamento regional. En La Coruña, tres alcaldes imputados por la llamada ‘Operación Orquesta’ de adjudicaciones irregulares en la Costa da Morte optan a la reelección en los municipios de Fisterra, Mazaricos (ambos del PP) y Cee (independiente).

Dos alcaldes más de las filas ‘populares’ que optan a la reelección están imputados por delitos de prevaricación, mientras que en Muxía (La Coruña), Castro de Rei (Lugo), y O Grove y Caldas de Reis (Pontevedra) se dan casos de regidores o concejales socialistas imputados por supuestas concesiones o subvenciones irregulares. El BNG también lleva en sus listas al alcalde de Arzúa (La Coruña), condenado a seis meses de inhabilitación por no ejecutar un derribo de un edificio.

En el PSOE de Murcia no hay ningún candidato para las elecciones de mayo implicado en ninguna causa, pero el PP cuenta con varios imputados en sus listas, entre ellos un equipo de Gobierno al completo, el del municipio de Abarán, por supuestos delitos de prevaricación.
Sólo un imputado en Baleares

Es llamativo el caso de las Islas Baleares, donde hace unos años se abrieron multitud de causas judiciales, si bien ninguno de los implicados está incluido en las listas para los comicios de este año. De este modo, sólo hay un candidato imputado, en esta ocasión el presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés, del PSOE, por presunto cobro de comisiones por la adjudicación de un proyecto urbanístico.
Madrid

En la Comunidad de Madrid no hay imputados de ningún partido que se presenten en las listas a la Asamblea regional, ya que la ‘número dos’ del PSM y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán, finalmente no concurrirá a las elecciones por estar inhabilitada por prevaricación.

En cambio, en las candidaturas municipales hay varios imputados. En Pinto figuran tanto la ex alcaldesa y candidata del PP, Miriam Rabaneda, como el candidato de Juntos por Pinto (JpP), Reyes Maestre. En el PP también figuran los candidatos en Alcobendas y Coslada (este último por prevaricación y malversación en el caso del ‘sheriff’ Ginés Jiménez), mientras que en el PSOE destaca una concejala de Getafe. El candidato a la Alcaldía de Ciempozuelos por el CPCI (Ciudadanos por Ciempozuelos) está imputado por presunto cobro de comisiones.
Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja, excepeciones

En el resto de comunidades autónomas -salvo Cataluña, País Vasco, Navarra y La Rioja, donde no hay imputados por este tipo de delitos- ambos partidos también llevan algún imputado en sus listas para las elecciones de mayo. Entre ellos, destaca el caso de Castro Urdiales (Cantabria), donde están imputados el alcalde, Fernando Muguruza, y el concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López. La pasada legislatura se presentaron por PRC y PP, respectivamente, pero Muguruza fue expulsado nada más ser elegido alcalde y Rodríguez López abandonó el partido a mitad de legislatura. Ahora se presentan juntos en un nuevo partido (Alternativa Castreña Independiente, ACAI).

En Castilla y León destacan los casos de los alcaldes de los municipios de Villanueva de Gómez y de Las Navas del Marqués, ambos en Ávila, mientras que en Castilla-La Mancha el ‘número cuatro’ de la lista del PP por la provincia de Cuenca para las elecciones autonómicas está imputado por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental.

En Extremadura destacan al menos tres imputados que optan a la reelección, todos ellos del PSOE, en Plasencia, Moraleja (Cáceres) y Alburquerque (Badajoz). Y en Melilla, Dionisio Muñoz es el candidato socialista a la Presidencia de la ciudad autónoma a pesar de estar imputado por presuntos delitos electoral, de falsedad documental y obstrucción a la justicia.

Fuente.

Y lo que esta claro es que estos son solo a los que los cogieron con las manos en la masa.

Por lo menos nos queda el derecho al pataleo y lo que se le ocurra a cada uno.




-EXPLAYANDOSE-

Me pregunto:

¿Porqué para denunciar la corrupción de un político hay que aportar pruebas, y sin embargo, la Doctora Pajín anima a la gente a delatar anónimamente a los fumadores y a que los niños delaten a sus padres si se les escapa un comentario sexista, y todo ello sin necesidad de ninguna prueba?