España - La Ley de Salud Pública --> Obligan a los Medicos a informar si se han vacunado

Allianza escribió:
Los médicos que no estén vacunados tendrán que decírselo a los pacientes

La Ley de Salud Pública presiona a un colectivo reticente a inmunizarse - La Administración estará obligada a informar de la calidad del aire o agua

Transparencia. El ciudadano podrá conocer los niveles de calidad del agua, la contaminación atmosférica o los efectos de los agentes químicos, físicos y biológicos en su bienestar; e incluso si su médico está vacunado contra la gripe. El anteproyecto de la Ley de Salud Pública, al que ha accedido EL PAÍS, recoge como uno de sus ejes principales el derecho a la información del ciudadano sobre todo lo que pueda causar alguna incidencia en su salud. Sin embargo, la concreción de muchas de estas medidas queda a expensas de futuros desarrollos reglamentarios, por lo que algunos expertos temen que quede, hasta entonces, como papel mojado.

La nueva ley marca de forma clara que las Administraciones -también las entidades privadas que gestionen abastecimientos, por ejemplo, de agua- tendrán la obligación de comunicar a la población cualquier circunstancia que suponga un riesgo para la salud. Si vulneran este derecho se les podrán exigir responsabilidades, salvo en asuntos que afecten a la seguridad nacional.

El anteproyecto -más de 100 páginas que ahora están en proceso de estudio y alegaciones de instituciones sanitarias y sociedades científicas- lleva ese derecho de la información y prevención incluso al terreno asistencial. Determina por primera vez que los profesionales sanitarios tendrán la obligación de informar a sus pacientes de si se han vacunado o no. Tras eso, el ciudadano podrá decidir que ese médico o ese enfermero no le atienda. La ley recuerda a los profesionales que inmunizarse es voluntario, pero afirma que "esa libertad acarrea la necesidad ineluctable" de que informen de su situación de no vacunación. Un punto que traerá polémica, porque no precisa si debe hacerse individualmente o por escrito.

El director general de Salud Pública, Ildefonso Hernández, reconoce la controversia del tema. ¿Derecho a la información del paciente frente al de confidencialidad sobre su situación del médico? No es baladí, sobre todo en un colectivo, el de los profesionales sanitarios, poco dados a vacunarse. De hecho, solo el 30% se suele inmunizar contra la gripe estacional. El año pasado, menos del 10% se vacunó contra el H1N1.

"Enfermeros y médicos están en contacto continuo con enfermos y pueden convertirse en un medio de transmisión de algunas enfermedades. No es obligatorio que se vacunen, pero sí recomendable", afirma Hernández, que defiende la fórmula elegida en la ley como la mejor manera de aunar ambos derechos: el de la voluntariedad de la vacunación del profesional y el del ciudadano a saber.

Un beneficio, el del conocimiento por parte del ciudadano, que supone un acierto para el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín. Este experto considera, sin embargo, que el artículo tendrá problemas de aplicación. Algo con lo que coincide el director de Calidad del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla. "¿Qué se le va a decir al paciente? 'Buenos días, señora López, ¿cómo está? Por cierto, le aviso de que no me he vacunado contra la gripe'. ¿Y entonces, qué?", se pregunta.

El director general de Salud Pública reconoce la dificultad de llevar la medida a la práctica y no anticipa cómo se regulará. La ley tampoco lo determina. Otra dificultad es la posibilidad de que afecte a la relación de confianza entre médico y paciente.

La inclusión del derecho a la información de los ciudadanos supone una innovación jurídica de esta ley -que tras el periodo de alegaciones irá al Consejo de Estado, volverá al Consejo de Ministros y, previsiblemente en noviembre, al Parlamento para su aprobación-. Una novedad cuyo desarrollo también preocupa a los expertos.

Fernando G. Benavides, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, incide en la necesidad de que se especifiquen todas estas cosas en un desarrollo reglamentario posterior. "De lo contrario, el derecho se convierte en pura retórica", dice. Ese es, precisamente, uno de los riesgos claros de una ley tan extensa, que recoge desde la obligatoriedad de que los expertos que participen en comités públicos tengan que informar de su participación en trabajos con entidades privadas (como laboratorios), para evitar los conflictos de intereses, hasta que todas las nuevas políticas públicas sean analizadas desde el punto de vista de la salud.

"Hace falta esclarecer y clasificar la información a la que tendremos derecho. Con la contaminación, por ejemplo, hay que definir si se medirán y darán a conocer los niveles de determinados agentes en el pescado. O si se analizarán y difundirán los niveles de ozono por ciudades y pueblos", prosigue Benavides. Trilla destaca la cuestión logística. "Dudo que cada pueblo tenga capacidad para hacer estos análisis", dice.

Muchas ciudades ya lo hacen. La novedad es que difundan los resultados de esas pruebas. Hace un par de semanas, el Ayuntamiento madrileño de Cercedilla advertía a los ciudadanos de que no bebieran agua del grifo. Las autoridades aseguraron que contenía bacterias que podían causar problemas intestinales. Sin embargo, no divulgaron los análisis con los que argumentaban su recomendación. Algo que, con la nueva ley, no debería pasar.

La norma marca que los ciudadanos tendrán derecho a recibir información "puntualmente, al menos a través de medios electrónicos", de cualquier riesgo biológico, químico, físico o de otro carácter que pudiese afectar a la salud de la población. Riesgo inminente o acumulativo (tras exposiciones a lo largo de muchos años). Y va más allá: "Si un responsable sanitario, incluida la autoridad sanitaria, ordena la no comunicación de información debe justificarlo".

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Spoiler:

Bucanero escribió:Como podemos leer una vez más en elpais, además de lanzarnos explicados muy vagamente los recortes que van a llevar a cabo en la Seguridad Social y que evidentemente nos perjudica a todos, también nos cuelan ya que van a tomar muestras biológicas para así mejorar nuestra salud (esto suena lo de "por su seguridad") y finalmente vuelven a soltar lo de la vacunación y que los médicos deberán contar si están vacunados o no. ¡Asco de artículo y asco de la Sahuquillo! Yo iba poquísimo al médico, una vez cada cinco años quizá, pero con todo esto no pienso volver pase lo que pase. Recurriré a otros métodos, antes de meterme en esa cárcel sanitaria.

Adiós al chequeo médico total
Sanidad pone coto a las pruebas de detección precoz innecesarias - Solo se realizarán cribados básicos y avalados científicamente

MARÍA R. SAHUQUILLO - Madrid - 04/08/2010

Adiós a los chequeos totales. A las baterías de pruebas médicas para ver cómo estamos. También a los análisis indiscriminados para la detección precoz de enfermedades. La nueva ley de salud pública, en fase de anteproyecto, pone coto a los cribados innecesarios o rutinarios. Y va más allá, limitará -o incluso prohibirá, según qué pruebas- a casos muy concretos (pacientes de riesgo, por ejemplo) y específicamente determinados tests que no hayan demostrado mediante evidencia científica que tienen más beneficios que riesgos. Es el caso, por ejemplo, de los cribados para detectar el cáncer de pulmón o de próstata. La Comisión de Salud Pública difundirá un listado de las pruebas recomendables para cada franja de población y aquellas que no lo sean.

La medida busca mejorar la práctica preventiva, pero también contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud. A nadie se le escapa el altísimo coste económico de las miles de pruebas médicas que se hacen al día en España, y que Sanidad trata de reducir. Así lo recoge la ley, que habla de eficiencia: "La máxima es no realizar intervenciones innecesarias".

Pero, ¿cuándo se consideran superfluos estos análisis? El anteproyecto de ley define como "mala práctica clínica" la realización de pruebas diagnósticas de cribado a aquellas personas que no son susceptibles de padecer la enfermedad que se trata de detectar (no tengan síntomas o antecedentes familiares); o para aquellos para los que los riesgos del análisis supera a los beneficios. "No se puede hacer todo a todo el mundo", justifica Ildefonso Hernández, director general de Salud Pública. "Las acciones preventivas deben estar muy bien elegidas. Por ejemplo, el cribado de cáncer de próstata no está recomendado a toda la población masculina, solo a determinados casos; y, sin embargo, se hace mucho más de la cuenta". Algo similar, sostiene, ocurre con la detección precoz de cáncer de pulmón, "una prueba cuya eficacia no está demostrada".

Porque estos tests, además, no son inocuos. Plantean riesgos como los falsos positivos, reexámenes o, en muchos casos, radiaciones innecesarias que se acumulan en el organismo. Fernando G. Benavides, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, considera "fundamental" que la nueva ley regule estas prácticas. "Si no se hacen según la existencia de evidencias científicas, pueden ser muy perjudiciales para la salud de los ciudadanos; que van al médico sanos para someterse a pruebas de cribados y pueden salir supuestamente enfermos -debido a los falsos positivos- o supuestamente sanos -por los falsos negativos-", dice.

Sanidad publicará, según marca la ley, la lista de acciones preventivas poblacionales e individuales que son recomendables; y aquellas que no tienen suficiente base científica para implantarse. Es decir, qué cribados y cuándo es conveniente hacerse. A esto se suma que se revisarán todas las pruebas de detección precoz para determinar su utilidad y las edades a las que se deben hacer. Es el caso, por ejemplo, de las mamografías, una prueba ahora en debate sobre cuándo debe iniciarse.

El anteproyecto de ley -que está actualmente en periodo de alegaciones, tras el que pasará al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros y, por último, al Parlamento- señala que las autoridades sanitarias podrán, además, "requerir la suspensión" de aquellas prácticas sanitarias preventivas que no estén fundamentadas científicamente. Un punto destinado a regular los cribados también en la privada y a vetar aquellos nuevos tests que no estén suficientemente comprobados. Léanse, por ejemplo, la amplia carta de pruebas genéticas (de cuestionada fiabilidad) para detectar un amplísimo número de patologías que en EE UU tienen tanto tirón.

El adiós a los chequeos completos puede tener una gran repercusión en el ámbito de laboral. Benavides, también catedrático de Medicina del Trabajo en la Universidad Pompeu Fabra, explica que en este terreno se realizan cada año miles de reconocimientos "aun sabiendo de su probada inefectividad (sin resultados preventivos demostrados) e ineficiencia". "Esta ley", afirma, "puede ayudar a ordenar esta práctica sanitaria".

"Los ciudadanos no tenemos por qué pagar las pruebas innecesarias que se hagan algunos pacientes", asevera José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad. "La mayoría va al médico para pedirle pruebas pensando que cuantas más mejor. No saben que éstas tienen su riesgo y pueden ser perjudiciales", explica. La ley determina que los médicos informarán a sus pacientes de todos los beneficios y riesgos de cada análisis médico.

Antoni Trilla, director de Calidad del Hospital Clínic de Barcelona, pone el punto en otra cuestión. "Para que el cribado de una enfermedad sea bueno debe existir un tratamiento efectivo para la patología". Un punto que Benavides comparte: "Es un principio básico del cribado. Imaginemos que tenemos un test genético que detecta muy precozmente una enfermedad neurodegenerativa, pero para la que no existe aún un tratamiento de probada eficacia. ¿Debemos someter al ciudadano a la prueba?". Hernández contesta: "Hay que saber qué se está buscando y también qué hacer si se encuentra. Si no, la prueba no es útil". Y aquí entra el debate ético. Las pruebas de las que habla Benavides pueden convertir a una persona sana en alguien prematuramente enfermo y sin poder hacer nada. No siempre vale más prevenir.

Muestras biológicas de la población

La Encuesta Estatal de Salud Pública tendrá a partir de ahora también indicadores biológicos. La nueva ley de salud pública marca que esta investigación -periódica y de ámbito nacional- recogerá por primera vez muestras biológicas de los ciudadanos. Su análisis servirá para conocer el estado de salud general de la población y determinar variables como "la presencia de contaminantes".

"Se analizará la existencia de elementos tóxicos o contaminación en las personas. Pero se mirarán otras cosas, como el estado nutricional: lo que servirá para determinar, con datos, cómo está la población", explica el director general de Salud Pública, Ildefonso Hernández, quien afirma que tener esa información es la mejor forma de conocer la salud de los españoles y poner en marcha mecanismos para mejorarla. Hernández señala que la "biomonitorización" es una novedad en España, pero que otros países como EE UU o Alemania ya incluyen indicadores biológicos en sus encuestas de salud.

La medida, que Sanidad describe como "muy útil", plantea, sin embargo, una dificultad. En España, la ley regula de una forma muy estricta la confidencialidad de los datos sanitarios. Y, más aún, la recogida y almacenamiento de muestras e información biológica. "¿Quién va a guardar esos datos?, ¿qué se hará con ellos, se destruirán después de analizarlos?", se plantea Antoni Trilla, director de Calidad del Hospital Clínic de Barcelona. Cuestiones a las que la ley no da respuesta.
Una opción es, según los expertos, que los datos personales de los voluntarios sean anónimos. Solución que, sin embargo, impediría avisar al ciudadano que se prestó a los análisis si se le detecta algún problema.

Los puntos clave

- Reducción de cribados. La ley de Salud reducirá las pruebas de diagnóstico precoz solo a los casos sospechosos. Nunca se harán cuando los riesgos de la prueba superen a los beneficios.

- Vacunación. Los médicos deberán informar a sus pacientes si no se han inmunizado. Los ciudadanos podrán, tras esto solicitar que les atienda un profesional vacunado.

- Información. Los ciudadanos tendrán derecho a conocer cualquier riesgo biológico, químico o físico que afecte a su salud de forma inminente o acumulativa.

- Prevención. Médicos de primaria, enfermeros y farmacéuticos informarán de las medidas de prevención para evitar enfermedades.

Fuente: web

OMS + Farmaceuticas --> Falsas Pandemias --> Negocio Millonario y Vacunación Masiva de la Población con sustacias nocivas para la Salud

Kamus: Me parece que se estan preparando para la nueva Falsa Pandemia que declarara la OMS-Farmaceuticas con el objetivo de intentar de nuevo vacurnar a todo el mundo y como saben que un sector muy reticente a vacunarse son los Medicos los quieren forzar a cambiar de aptitud con estas nuevas leyes (Ley de Salud Pública) que los obligan a informar a sus pacientes si estan vacunados o no contra la Gripe H1N1 con lo cual se añade la presión que los pacientes con el miedo en el cuerpo producto de los MdC rechacen a los Medicos que no se vacunen y ademas es muy probable que el Ministerio de Sanidad llevara un registro de los Medicos vacunados con lo cual el objetivo es claro quieren destruir la oposición a la vacunación contra la Gripe A y para ello el sector de los Medicos es clave en sus planes de Vacunación Masiva. Asi que es probable quieran repetir la paranoia de la Gripe A que sabemos es un invento para sacarnos dinero y meternos en el cuerpo quien sabe que sustancias nocivas, espero estar equivocado pero esta ley da que pensar.

Illuminati - Carta de un Illuminati, a la masa aborregada

6- Este punto me dejo alucinado, fijense lo que dice el personaje:
El caso es que, a las puertas de la nueva temporada gripera, y en vista de vuestro candor, nosotros seguimos erre que erre: EEUU aconseja vacunar contra la gripe a toda la población. Y, ojo, que países como España (con nuestra Trilateral Jiménez como ministra de Sanidad) no van muy a la zaga. De manera más o menos explícita, estamos coaccionando, en primer lugar, al personal sanitario y luego a toda la población para que se ponga la vacuna.

Fuente: Post

Reclaman una norma que les obligue a vacunarse 'para proteger al paciente'

Si hace pocos días eran las autoridades de EEUU las que se planteaban la vacunación obligatoria para los profesionales sanitarios, diferentes entidades del sector sanitario han reclamado ahora en España la necesidad de establecer por ley la vacunación obligatoria de todos los profesionales sanitarios.

El objetivo, según han destacado en el marco del XVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario que se celebrará en Madrid, es "defender el derecho del paciente de estar protegido".

El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Máximo González Jurado, ha insistido en que los profesionales ya tienen la obligación ética pero "también deben tener la obligación jurídica", con el objetivo de evitar el "caos" inmunitario que se produjo el año pasado con la campaña de vacunación de la gripe A.

"Cada día se decía una cosa, se recomendaba la vacunación a los profesionales sanitarios y muchos decían que no, lo que generaba inseguridad en los pacientes a la hora de vacunarse ellos", ha reconocido González Jurado.

Por ello, y dado que "en nuestras manos está la salud de las personas", anima a vacunarse siempre que se esté en disposición de ser transmisores de una enfermedad infecciosa.

De hecho, según añade el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, la futura Ley de Salud Pública debería establecer una regulación 'ad hoc' para estas situaciones o, al menos, para quienes atienden a grupos "vulnerables" como personas mayores, pacientes inmunodeprimidos, embarazadas o niños.

En EEUU los profesionales sanitarios deberán vacunarse obligatoriamente al haberse planteado esta exigencia por las organizaciones médicas, lo que sólo contempla algunas excepciones, como tener problemas médicos que imposibiliten la vacunación.

En España, sin embargo, las sociedades científicas, así como la propia Organización Médica Colegial (OMC), no tendrían capacidad para su imposición y entienden que deben ser las autoridades sanitarias las que formulen en todo caso esta obligatoriedad.

De no ser así, precisa González Jurado, los colegios profesionales podrán optar por fijar esta obligatoriedad a través de sus códigos deontológicos, "dejando sin cobertura de póliza de responsabilidad civil" a quienes no cubriesen con sus obligaciones.

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